El lastre de los 147 mil millones: la deuda impaga que dejó el concesionario del Cortissoz

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, puerta de entrada al Caribe colombiano, arrastra una sombra financiera que parece no disiparse. Más allá de las pistas y las salas de abordaje, el recinto vive las secuelas de una concesión fallida, la del Grupo Aeroportuario del Caribe (ACSA), que hoy le adeuda al Estado colombiano la cifra astronómica de 147.000 millones de pesos, producto de obras que fueron prometidas en los planos pero que nunca se materializaron en la realidad operativa de la terminal.

El origen de este descalabro radica en el incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales pactadas para la modernización del aeropuerto. Según los hallazgos de la Contraloría General de la República, el monto corresponde a la valoración de los proyectos de infraestructura que quedaron en el papel, una deuda que, paradójicamente, se encuentra hoy en un limbo jurídico. El proceso de cobro coactivo, la herramienta llamada a recuperar estos recursos públicos, permanece suspendido, dejando al Estado en una posición de espera indefinida mientras los intereses y el tiempo erosionan el valor de la inversión.

Para el ciudadano de a pie, esta cifra no es solo un número en un balance contable; representa la materialización de un servicio aeroportuario que, durante años, operó bajo la precariedad de unas instalaciones que no correspondían a la pujanza de Barranquilla. La falta de ejecución de estos recursos se tradujo en incomodidades para los viajeros, limitaciones en la capacidad de carga y una imagen institucional deteriorada que ha frenado, en cierta medida, el potencial logístico y turístico que la capital del Atlántico exige para competir a nivel internacional.

Desde las altas esferas de la vigilancia fiscal, la postura es de cautela técnica pero de firmeza administrativa. Los funcionarios de la Contraloría han señalado que la suspensión del proceso responde a las complejidades legales propias de la liquidación del contrato, un escenario donde los abogados de la contraparte han desplegado una estrategia de defensa que ha logrado frenar, por ahora, el flujo de caja hacia las arcas nacionales. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte y la ANI observan cómo el litigio se prolonga en los estrados, sin que hasta la fecha se vislumbre un acuerdo de pago efectivo.

Este episodio no es un hecho aislado, sino un capítulo más en la historia de las concesiones aeroportuarias en Colombia, donde la región Caribe ha sido testigo de cómo la falta de supervisión técnica y la debilidad en las cláusulas de cumplimiento terminan afectando el patrimonio público. La historia del Cortissoz es un espejo de las fallas estructurales en la contratación estatal, donde los proyectos de infraestructura, vitales para el desarrollo regional, se convierten en rehenes de disputas jurídicas que se extienden por años, mientras la infraestructura se degrada y la confianza ciudadana se agota.

El desenlace de esta controversia se encamina ahora hacia una batalla de largo aliento en los tribunales, donde la Contraloría deberá demostrar la viabilidad de reactivar el cobro coactivo para recuperar el dinero de los colombianos. La expectativa se centra en las próximas audiencias de liquidación y en la capacidad del Estado para blindar sus recursos frente a un exconcesionario que, hasta el momento, ha logrado evadir la responsabilidad financiera por sus omisiones. El futuro del Cortissoz depende, en gran medida, de que este capítulo se cierre con la justicia que el erario demanda.