El Cortissoz ante su encrucijada: el Gobierno cede la gestión terrestre en un intento por salvar el terminal

Bajo el cielo inclemente de Soledad, el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz ha dejado de ser el símbolo de modernidad que prometía conectar al Caribe con el mundo para convertirse en un recordatorio constante de la desidia administrativa. En un movimiento estratégico que busca frenar el deterioro operativo, el Gobierno Nacional ha formalizado la entrega de la concesión de la parte terrestre del terminal aéreo por un periodo de 18 meses, una ventana de tiempo que, lejos de ser una solución definitiva, se presenta como un salvavidas urgente para una infraestructura que ha visto mermada su capacidad de servicio y su prestigio regional.

La decisión, comunicada tras un encuentro entre el mandatario local y el abogado Abelardo De La Espriella, responde a una crisis de gestión que ha mantenido en vilo a los gremios económicos del Atlántico. Según los términos del acuerdo, este lapso de año y medio deberá ser suficiente para que la Aeronáutica Civil y los entes territoriales definan un modelo de operación sostenible que supere las deficiencias técnicas, los retrasos en las obras de modernización y las fallas en el mantenimiento de las áreas de abordaje y zonas comunes que han sido objeto de múltiples denuncias ciudadanas.

Para el ciudadano de a pie, el impacto de esta medida es una apuesta por la dignidad en el tránsito aéreo. El Cortissoz no es solo una estructura de concreto y vidrio; es el motor que moviliza el turismo de negocios, la conectividad de los barranquilleros con la diáspora y el flujo de mercancías que sostiene gran parte de la economía local. La incertidumbre sobre quién ostenta el mando del terminal ha derivado en una percepción de abandono que afecta directamente la experiencia del pasajero y la competitividad de una ciudad que aspira a ser epicentro de grandes eventos internacionales.

Durante la reunión, el alcalde Alejandro Char enfatizó que la administración distrital mantendrá un seguimiento riguroso sobre cada avance, exigiendo que los plazos no sean letra muerta. Por su parte, la representación legal de la concesión se comprometió a priorizar las intervenciones críticas en las zonas de mayor flujo, bajo la premisa de que la eficiencia operativa es el único camino para recuperar la confianza de las aerolíneas que han reducido sus frecuencias en el último bienio.

Este episodio se inscribe en una larga historia de desencuentros entre el Estado y los operadores privados en el Caribe, donde los proyectos de infraestructura suelen naufragar en la burocracia o en la falta de músculo financiero. El precedente del Cortissoz es, quizás, el más doloroso, pues se trata de una terminal que, tras la fallida modernización iniciada hace casi una década, quedó atrapada en un limbo jurídico que ha costado millones de dólares en lucro cesante y ha frenado el despegue definitivo de la capital del Atlántico como hub logístico.

El horizonte de los próximos 18 meses será decisivo para determinar si el aeropuerto logra estabilizarse o si, por el contrario, el Estado deberá buscar una salida estructural más drástica. Mientras tanto, la ciudadanía aguarda que este periodo de transición no sea otro capítulo de promesas incumplidas, sino el inicio de una verdadera reingeniería que le devuelva al Ernesto Cortissoz su estatus de aeropuerto de talla mundial, capaz de estar a la altura de la ambición y el crecimiento de Barranquilla.