Escándalo en el poder: Eva Ferrer señala a Verónica Alcocer por uso de avión oficial para transporte de divisas y sustancias ilícitas

Un remezón de proporciones institucionales sacude las altas esferas del Gobierno nacional tras las demoledoras declaraciones de Eva Ferrer, otrora mano derecha y persona de extrema confianza en el círculo íntimo del Ejecutivo. La exfuncionaria rompió el silencio para destapar un presunto entramado de irregularidades que involucra directamente a la ex primera dama Verónica Alcocer, poniendo bajo la lupa el uso indebido de los recursos logísticos del Estado en misiones internacionales sin el debido control legal.

Según el testimonio entregado por Ferrer en una reveladora entrevista al medio Zona Cero, Alcocer habría coordinado el traslado de sustancias estupefacientes hacia Venezuela a bordo de aeronaves de la flota oficial, desde donde habría retornado al país con la suma de 2,5 millones de dólares en efectivo. Las acusaciones no se detienen en la ex primera dama: señalan de forma directa al congresista por el Atlántico, Agmeth Escaf, como un actor clave en la red de influencias y gestiones opacas que rodeaban estos desplazamientos no registrados en las bitácoras formales.

La trascendencia de estas imputaciones rebasa el simple pulso político para instalarse como un dilema de seguridad nacional y ética pública. En la ciudadanía y en los sectores de opinión del país se percibe un profundo malestar ante la sospecha de que los activos del Estado, sufragados con los impuestos de los colombianos, hayan sido instrumentalizados para maniobras al margen de la ley, socavando la legitimidad de las instituciones en momentos de alta vulnerabilidad económica.

Tras la difusión de las graves acusaciones, la reacción en el capitolio no se hizo esperar. Congresistas de diversas bancadas exigieron a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia la apertura inmediata de un expediente penal que verifique las bitácoras de vuelo y los flujos financieros. Entre tanto, voceros cercanos al entorno de Alcocer han desestimado los sealamientos, tildándolos de represalias personales motivadas por quiebres en la relación política y de confianza que unía a ambas mujeres.

Este vergonzoso capítulo se inserta en un historial recurrente de controversias sobre los excesos del poder central y la falta de fiscalización en la comitiva presidencial, un fenómeno que históricamente ha generado fricciones en el mapa político nacional. Para el Caribe colombiano, región con la que varios de los salpicados mantienen un vínculo directo, el caso reaviva discusiones de fondo sobre la responsabilidad ética de los dignatarios y la urgente necesidad de blindar la gestión pública contra el nepotismo y la opacidad.

El curso de este escándalo dependerá ahora de la celeridad con que operen los organismos de control. Se prevé que en los próximos días la Comisión de Ética del Congreso y los entes acusadores citen formalmente a Eva Ferrer para que presente el material probatorio de sus afirmaciones. El país aguarda con severidad un proceso de verificación exhaustivo que determine si existió una transgresión sistemática a la ley en las sombras del poder formal.