La Universidad Autónoma del Caribe ante el abismo: la elección de Ana Bernarda Sajer que desafía la legalidad

Bajo un cielo cargado de incertidumbre institucional, la Universidad Autónoma del Caribe ha consumado un movimiento que promete agitar, una vez más, las aguas de la educación superior en el Caribe colombiano. La designación de Ana Bernarda Sajer como nueva rectora, por parte del Consejo Superior, ha sido recibida no como un bálsamo de paz, sino como el detonante de una nueva crisis de gobernabilidad que pone en entredicho la estabilidad administrativa de una de las casas de estudio más emblemáticas de Barranquilla.

El núcleo del conflicto reside en la arquitectura jurídica que sostiene esta decisión. La elección de Sajer se produce en un escenario donde la validez de los órganos de dirección es cuestionada tras el reciente fallo de un juzgado que revocó la restauración de derechos de Silvia Gette Ponce. Esta resolución judicial, que desmantela los cimientos sobre los cuales se pretendía reconstruir la legitimidad del Consejo Superior, deja a la institución en un limbo normativo donde cada nombramiento corre el riesgo de ser declarado nulo, sumando un capítulo más a la larga historia de litigios que han desangrado las finanzas y la reputación de la 'Uniautónoma'.

Para la comunidad estudiantil y el cuerpo docente, este nombramiento representa un golpe a la esperanza de una transición ordenada. Los estudiantes, que han visto cómo la calidad académica y la acreditación de programas se han visto comprometidas por el vaivén de los despachos judiciales, observan con escepticismo cómo la cúpula directiva prioriza el control administrativo sobre la estabilidad pedagógica. La incertidumbre no es solo un concepto abstracto; se traduce en el temor de miles de familias por la validez de sus títulos y la continuidad de sus proyectos de vida profesional.

Desde los pasillos del poder local, las reacciones no se han hecho esperar. Voceros de la comunidad académica han exigido una intervención urgente del Ministerio de Educación, argumentando que la autonomía universitaria no puede ser un escudo para la opacidad. Por su parte, los sectores que respaldan la designación de Sajer insisten en la legalidad de sus actos, aunque sus argumentos se desmoronan ante la falta de claridad sobre la composición real y vigente del Consejo Superior, el cual parece operar bajo una legitimidad cada vez más precaria.

Este episodio no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica que ha aquejado a la institución desde hace más de una década. La sombra de Silvia Gette, cuya gestión marcó una era de escándalos y desfalcos, sigue proyectándose sobre la universidad como un fantasma que se niega a desaparecer. La región Caribe, que ha visto cómo la Autónoma pasó de ser un faro de conocimiento a un campo de batalla de intereses particulares, observa con preocupación cómo los errores del pasado se reciclan en el presente.

El desenlace de esta crisis se trasladará inevitablemente a los estrados judiciales, donde jueces de la República deberán dirimir si la elección de Sajer es un acto administrativo válido o una maniobra desesperada de una estructura de poder en retirada. Mientras tanto, la Universidad Autónoma del Caribe queda a la espera de una intervención definitiva que logre separar, de una vez por todas, los intereses de los clanes de la misión sagrada de educar, en un proceso que será seguido con lupa por la opinión pública y los entes de control nacional.