El silencio de las montañas en Nariño: el crimen impune que desgarra a una familia

La vereda Plazuelas, en el municipio de San Bernardo, Nariño, ha dejado de ser el remanso de paz donde Blanca Pardo, una campesina de 72 años, tejía su vida entre la elaboración de quesos y la sencillez del campo. El hallazgo de su cuerpo, marcado por la brutalidad de un abuso sexual y una violencia física extrema, ha fracturado la tranquilidad de esta región andina. Hoy, el silencio de las autoridades contrasta con el grito de justicia de una familia que, tras más de treinta días, observa cómo el rastro del victimario se desvanece en la inmensidad de una zona rural de difícil acceso.

Los hechos, que aún carecen de una reconstrucción judicial precisa, se sitúan en un entorno donde la vulnerabilidad de la tercera edad se topó con la sevicia criminal. Blanca, madre de seis hijos, enfrentaba un proceso de recuperación física tras una serie de infortunios: primero, una fractura de muñeca tras una caída doméstica y, semanas después, un atropellamiento que volvió a lesionar la misma extremidad. A pesar de las recomendaciones médicas de reposo, su tenacidad la mantenía activa en la producción de quesos, una labor que realizaba con la misma dedicación con la que cultivaba sus vínculos familiares.

El impacto de este suceso trasciende el dolor privado de los Pulido Pardo; representa una herida abierta en la seguridad de las mujeres rurales en Colombia. La indignación ciudadana no solo nace de la crueldad del acto, sino de la percepción de abandono estatal en territorios donde la justicia parece ser un privilegio ajeno. La comunidad local, que durante años consumió el fruto del trabajo de doña Blanca, hoy se debate entre el miedo a un agresor que camina entre ellos y la impotencia ante la falta de resultados investigativos.

Jenny Pulido, quien se ha convertido en la voz de la memoria de su madre, ha denunciado ante los medios la desoladora ausencia de avances significativos. La última vez que vio a Blanca fue durante la primera semana de agosto, en una peregrinación al Santuario de Las Lajas, un encuentro cargado de promesas de un reencuentro navideño que la violencia truncó de manera definitiva. La familia insiste en que la falta de pistas visibles no es una fatalidad, sino el reflejo de una investigación que, a su juicio, carece de la celeridad que el caso exige.

Este episodio se suma a una preocupante estadística de violencia contra la mujer en el departamento de Nariño, una zona históricamente golpeada por el conflicto y la desprotección institucional. La geografía del sur del país, marcada por la dispersión poblacional y la precariedad en la presencia de organismos de control, ha servido históricamente como un manto de impunidad para quienes cometen delitos contra los más vulnerables, perpetuando ciclos de violencia que rara vez encuentran una resolución en los estrados judiciales.

Mientras la Fiscalía General de la Nación mantiene el caso bajo reserva, la sociedad civil aguarda por una respuesta que devuelva algo de sosiego a los hijos de Blanca Pardo. La exigencia es clara: que el crimen de la quesera de Plazuelas no se convierta en un expediente archivado por el olvido. La presión mediática y el clamor de la familia buscan ahora que las autoridades locales y nacionales prioricen la captura del responsable, antes de que el tiempo, ese enemigo implacable de la justicia, termine por enterrar la verdad en el olvido de las montañas nariñenses.