La Asamblea del Atlántico activa el cronómetro para elegir al nuevo guardián de los recursos públicos

En un momento donde la lupa ciudadana sobre el erario es más incisiva que nunca, la Asamblea del Atlántico ha dado el pistoletazo de salida para la elección del nuevo Contralor Departamental. Este proceso, lejos de ser un mero trámite burocrático, se erige como un ejercicio de control político fundamental para la gobernanza regional, marcando el inicio de una carrera contrarreloj que busca dotar al ente de control de una cabeza visible, técnica y, sobre todo, independiente.

El cronograma oficial establece que el periodo de inscripciones se llevará a cabo durante los días 26, 27 y 28 de octubre, una ventana de tiempo estrecha que exige a los aspirantes una preparación documental impecable. Para blindar la objetividad de la selección, la corporación ha delegado las etapas técnicas —que incluyen la evaluación de hojas de vida y las pruebas de conocimientos— a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una institución de trayectoria académica que deberá filtrar a los candidatos bajo estándares de meritocracia estricta.

Para el ciudadano de a pie, esta elección trasciende los muros de la Asamblea; se trata de quién ostentará la capacidad de auditar cada peso invertido en infraestructura, salud y educación en los municipios del departamento. La eficacia de la Contraloría es el último dique de contención contra la ineficiencia administrativa, y la expectativa de los contribuyentes es que el proceso resulte en un funcionario capaz de auditar con mano firme, sin ataduras políticas que comprometan el bienestar colectivo.

Desde la Mesa Directiva de la Asamblea se ha enfatizado que el proceso se ceñirá estrictamente a los parámetros de la ley, buscando que la elección sea un ejercicio de transparencia ejemplar. Voceros de la corporación han señalado que la participación de una entidad universitaria de alto nivel como la Francisco José de Caldas es la garantía necesaria para evitar las sombras que históricamente han rodeado este tipo de designaciones en el ámbito regional.

El Atlántico ha sido testigo de periodos donde la vigilancia fiscal se ha visto empañada por la politización, lo que convierte esta convocatoria en un punto de inflexión. Históricamente, la región Caribe ha reclamado entes de control con mayor autonomía, y este proceso se inscribe en la necesidad urgente de fortalecer las instituciones locales frente a los desafíos de corrupción que han permeado las estructuras del Estado en diversos niveles territoriales.

Tras el cierre de las inscripciones el 28 de octubre, el proceso entrará en una fase de escrutinio riguroso donde las pruebas de aptitud y la entrevista pública serán los jueces finales. La Asamblea deberá, en las semanas subsiguientes, decantar los resultados para elegir a quien asumirá la responsabilidad de vigilar el patrimonio de los atlanticenses, en una decisión que será observada de cerca por los organismos de control nacional y la opinión pública regional.