La tragedia de Iscuandé: catorce vidas sepultadas bajo el oro del Pacífico

El municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en el convulso Pacífico nariñense, se encuentra sumido en el luto tras el colapso de una mina de oro que ha dejado un rastro de desolación. Lo que comenzó como una jornada de búsqueda del sustento diario terminó en una catástrofe humanitaria cuando el terreno cedió, atrapando a decenas de trabajadores en las entrañas de una tierra que, históricamente, ha sido tanto fuente de riqueza como escenario de tragedias evitables.

Las cifras oficiales, confirmadas por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos del departamento, elevan a 14 el número de fallecidos. Trece de los cuerpos han sido trasladados a la cabecera municipal de Iscuandé, mientras que un catorceavo cadáver fue recuperado en el municipio vecino de Guapi, Cauca. A este saldo fatal se suman siete personas heridas, cuatro de las cuales presentan cuadros clínicos de alta complejidad que exigen una evacuación aeromédica urgente hacia Tumaco, una maniobra que actualmente se coordina con la Tercera División del Ejército.

Para las comunidades del litoral, este derrumbe no es un evento aislado, sino la manifestación más cruda de la precariedad económica que empuja a cientos de familias a la minería informal. La falta de tecnificación, la inestabilidad de los terrenos y la ausencia de protocolos de seguridad convierten cada jornada de extracción en un juego de azar contra la muerte, dejando a las familias de los mineros en una vulnerabilidad absoluta ante el desamparo institucional.

Álex González, vocero de la administración departamental, ha enfatizado que la prioridad inmediata es la estabilización y el traslado de los sobrevivientes. Mientras los equipos de rescate luchan contra la geografía difícil del Pacífico, la Gobernación de Nariño ha activado los protocolos de emergencia, aunque la capacidad de respuesta se ve limitada por las enormes distancias y la falta de infraestructura vial y hospitalaria en esta zona selvática.

Este episodio se inscribe en una larga cronología de siniestros mineros que han golpeado al suroccidente colombiano, una región donde la economía extractiva —muchas veces controlada por actores al margen de la ley— ha prosperado en el vacío de la legalidad. El antecedente de Iscuandé se suma a una lista de tragedias que, año tras año, exponen la urgencia de una política pública integral que logre formalizar la minería o, en su defecto, ofrecer alternativas de subsistencia dignas para los habitantes del litoral.

El desenlace de esta emergencia dependerá de la celeridad con la que se ejecuten los traslados médicos y el apoyo humanitario a las familias de las víctimas. No obstante, el debate de fondo apenas comienza: la tragedia de Iscuandé exige una respuesta contundente del Gobierno Nacional para frenar la explotación minera sin garantías y para saldar la deuda histórica con un territorio que, pese a su inmensa riqueza natural, sigue enterrando a sus hijos en el lodo.