El ocaso de Santiago Peña: Paraguay ante el juicio que la renuncia no pudo detener

Asunción amanece bajo el peso de una incertidumbre que desborda las instituciones. Lo que comenzó como un rumor de pasillo en el Palacio de López ha cristalizado en una crisis de Estado sin precedentes modernos en el corazón de Sudamérica. Santiago Peña, el economista que prometió estabilidad, se encuentra hoy en el epicentro de un terremoto político que su renuncia no ha logrado aplacar. El aire en la Plaza de Armas, cargado de la indignación de miles de ciudadanos, anticipa que el juicio político programado para este viernes no es solo un trámite legislativo, sino el ajuste de cuentas de una nación con su propia arquitectura financiera.

El detonante técnico de este colapso tiene nombre propio: Ueno Bank. La intervención de esta entidad financiera no solo congeló los depósitos de millones de paraguayos, sino que desnudó una fragilidad sistémica que el Ejecutivo no supo, o no quiso, contener a tiempo. Con las cuentas bloqueadas y el pánico bancario extendiéndose como pólvora, el Senado ha convocado la sesión definitiva para este 6 de noviembre a las 10:00 de la mañana. Los legisladores no solo evaluarán la negligencia administrativa, sino la posible responsabilidad penal de un mandatario que, en un movimiento desesperado, intentó abandonar el barco antes de que la justicia le arrebatara sus fueros.

Para el ciudadano de a pie, la crisis no se mide en puntos del PIB, sino en la imposibilidad de acceder al ahorro de toda una vida. En las calles de Ciudad del Este y Encarnación, el descontento ha mutado en una movilización permanente que exige garantías. La parálisis económica derivada del corralito de facto en Ueno Bank ha detenido el comercio y la cadena de pagos, sumiendo a las familias en una angustia que trasciende las siglas partidistas. El impacto social es profundo: una ruptura del contrato de confianza entre el ahorrador y el Estado que tardará décadas en sanar.

Desde el entorno de Peña, la narrativa oficial intentó presentar la dimisión como un acto de desprendimiento para pacificar el país. Sin embargo, la lectura del Congreso es diametralmente opuesta. El pulso es claro: mientras el mandatario busca conservar la inmunidad que le otorga su cargo para evitar procesos judiciales ordinarios, la mayoría senatorial se encamina a una resolución que lo deje despojado de cualquier blindaje legal. La intención de evitar el juicio mediante la renuncia ha sido interpretada por la oposición como una confesión tácita de responsabilidad en la caída del banco.

Este episodio evoca los fantasmas de la inestabilidad crónica que ha marcado la historia política paraguaya. La región observa con cautela cómo una de las economías que proyectaba mayor crecimiento en el último bienio se desmorona bajo el peso de la mala praxis bancaria. No es la primera vez que Paraguay se enfrenta al abismo de un juicio político, pero sí es la primera vez que el origen del conflicto es una crisis financiera de tal magnitud, donde el capital privado y la gestión pública se funden en un abrazo que ha resultado letal para la confianza de la clase media.

El desenlace de este viernes marcará un hito en la jurisprudencia política de la región. Si el Senado procede con la condena política a pesar de la renuncia previa, se sentará un precedente sobre la responsabilidad ineludible de los jefes de Estado. El camino que sigue es espinoso: tras la decisión legislativa, vendrán las audiencias judiciales y el complejo proceso de liquidación de activos. Paraguay no solo busca un nuevo liderazgo, sino la reconstrucción de un sistema financiero que devuelva la certeza a millones de ciudadanos que hoy solo tienen promesas y cuentas vacías.