La ONU advierte que el nuevo decreto sobre protesta social erosiona el derecho a la disidencia

La reciente expedición del decreto que regula la protesta social en Colombia ha desatado una tormenta diplomática y jurídica que pone en entredicho el compromiso del Estado con los estándares internacionales de derechos humanos. En un país donde la movilización ha sido históricamente el vehículo de las transformaciones sociales más profundas, la advertencia de la ONU resuena como una alarma sobre la posible regresión en las garantías democráticas, sugiriendo que la administración ha optado por el rigor punitivo en detrimento de la escucha activa y la resolución pacífica de los conflictos.

El núcleo de la discordia reside en la redacción técnica del articulado, que expande el concepto de 'acto violento' bajo criterios que, según los expertos, resultan vagos y discrecionales. Mientras que el derecho internacional exige una distinción clara entre la protesta pacífica y la violencia directa, el decreto permite que conductas ambiguas sean interpretadas como amenazas al orden público. Esta imprecisión legal otorga a la fuerza pública un margen de maniobra peligroso, facilitando la intervención coercitiva en escenarios que, bajo una interpretación garantista, deberían ser gestionados mediante la mediación y el diálogo civil.

Para el ciudadano de a pie, esta normativa representa una sombra de incertidumbre sobre las calles. El temor no es menor: la posibilidad de que una marcha legítima sea disuelta bajo la etiqueta de 'violencia' por el simple hecho de obstruir el tránsito o incomodar a la cotidianidad urbana, desincentiva la participación política. En ciudades como Barranquilla, donde la protesta ha sido un termómetro de las demandas sociales por mejores servicios públicos y equidad, la aplicación de este decreto podría traducirse en una fractura definitiva entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de salvaguardar sus derechos.

Desde el Gobierno Nacional, la postura oficial insiste en que el decreto busca proteger la infraestructura y el derecho a la movilidad de los no manifestantes, argumentando que el orden público es un requisito indispensable para la convivencia. No obstante, voceros de organizaciones de derechos humanos han calificado la medida como un retroceso autoritario. 'No se puede equiparar la protesta con el vandalismo sin desvirtuar la esencia de la democracia', señalaron representantes de la sociedad civil, quienes ya preparan una batería de acciones legales para demandar la norma ante el Consejo de Estado.

Este episodio se inscribe en una larga y compleja historia de tensión entre el Estado colombiano y los movimientos sociales. Desde los albores del siglo XXI, la región Caribe ha sido testigo de cómo la represión sistemática de la protesta ha terminado, en múltiples ocasiones, en tragedias que han dejado cicatrices imborrables en el tejido social. La memoria de las movilizaciones de 2019 y 2021 sigue vigente, y el precedente que intenta sentar este decreto parece ignorar las lecciones aprendidas sobre el costo humano de militarizar la respuesta a las demandas sociales.

El futuro de esta normativa se dirimirá en los estrados judiciales y en el álgido debate legislativo que se avecina. Mientras la ONU hace un llamado urgente a revisar el texto para ajustarlo a los tratados internacionales, el Gobierno se enfrenta a la encrucijada de mantener su política de mano firme o rectificar para evitar un aislamiento internacional. La sociedad civil, por su parte, se mantiene en estado de alerta, consciente de que la defensa de la protesta es, en última instancia, la defensa de la última trinchera de la libertad de expresión en el país.