La encrucijada de la paz: Colombia busca redefinir el alcance de la misión de la ONU en el campo

En una sesión de alta tensión diplomática en Nueva York, el Estado colombiano ha puesto sobre la mesa una propuesta que promete alterar la arquitectura de la cooperación internacional en el país: la revisión del mandato de la Misión de Verificación de la ONU. Lo que comenzó como un ejercicio de monitoreo al cese al fuego, el Gobierno busca ahora transformarlo en un mecanismo de acompañamiento técnico y político para la reforma rural integral, el punto más ambicioso y, a la vez, el más rezagado del Acuerdo de Paz de 2016.

La propuesta detalla una hoja de ruta donde la ONU no solo observe la seguridad, sino que audite el cumplimiento de la entrega de tierras y la adecuación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Según cifras oficiales, de los 3 millones de hectáreas prometidas para el Fondo de Tierras, el avance real apenas alcanza un porcentaje que el Gobierno califica de insuficiente, mientras que la brecha de infraestructura vial en zonas rurales supera los 15 billones de pesos, cifras que el Ejecutivo espera que la comunidad internacional ayude a priorizar mediante una veeduría más técnica.

Para el campesinado y las comunidades étnicas del Caribe y el Pacífico, este giro no es un asunto burocrático, sino una cuestión de supervivencia. La presencia de la ONU con un mandato enfocado en la reforma rural podría significar la diferencia entre el abandono estatal crónico y la llegada de proyectos productivos sostenibles. La ciudadanía, hastiada de promesas incumplidas, observa con cautela cómo este movimiento diplomático podría traducirse en la llegada de maquinaria, títulos de propiedad y, sobre todo, en la garantía de que el Estado no retrocederá en su compromiso con el agro.

Las reacciones en el seno del Consejo de Seguridad han sido diversas. Mientras algunos Estados miembros han expresado su respaldo a la voluntad de acelerar la implementación, otros han manifestado reservas sobre la capacidad de la misión para asumir tareas de carácter administrativo y de desarrollo. El Gobierno, por su parte, insiste en que la paz total es inviable si no se resuelven las causas estructurales de la violencia, argumentando que la verificación internacional debe evolucionar al ritmo de las necesidades del país.

Este debate se inscribe en una historia de desencuentros entre la ambición de los acuerdos y la realidad de la periferia colombiana. Desde la creación de la misión en 2016, el enfoque ha sido predominantemente político y de seguridad, dejando en un segundo plano la transformación del campo, una deuda histórica que ha alimentado el conflicto armado durante décadas. La región Caribe, con sus vastas extensiones de tierra fértil y sus profundas desigualdades, se convierte así en el laboratorio donde se pondrá a prueba la eficacia de esta nueva visión diplomática.

El desenlace de esta solicitud se conocerá en las próximas semanas, cuando el Consejo de Seguridad vote la extensión y los términos del mandato. De aprobarse, Colombia entraría en una fase inédita de supervisión internacional sobre su política agraria, un escenario que, aunque genera expectativas positivas, también impone una presión sin precedentes sobre las instituciones nacionales para demostrar resultados tangibles en la entrega de tierras y la inversión social antes de que el ciclo de verificación llegue a su fin.