El naufragio de las piscinas de Uniatlántico: una inversión millonaria bajo la lupa

El complejo acuático de la Universidad del Atlántico, otrora epicentro de la actividad deportiva y recreativa de la comunidad universitaria, se ha convertido en un símbolo de la desidia administrativa. Desde marzo pasado, el silencio de sus aguas estancadas y el cerrojo en sus puertas han privado a cientos de estudiantes y deportistas de un escenario fundamental, obligando a la rectoría a poner bajo la lupa un contrato de mantenimiento valorado en 974 millones de pesos que, lejos de solucionar la crisis, ha despertado serios interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos.

La cronología del deterioro es tan precisa como alarmante: tras meses de denuncias sobre la calidad del agua y el colapso de la infraestructura técnica, el complejo fue clausurado de manera indefinida. El contrato en cuestión, cuya ejecución técnica y financiera es ahora objeto de un escrutinio riguroso, debía garantizar no solo la potabilización y el tratamiento químico del líquido, sino también la reparación estructural de los sistemas de filtrado y bombeo, elementos que hoy permanecen en un estado de abandono que contraviene las normas de salubridad vigentes.

Para el estudiantado, la ausencia de este espacio trasciende la simple falta de recreación; representa una fractura en el tejido de bienestar universitario y un golpe directo a los programas de educación física y alto rendimiento. La comunidad académica, que observa con frustración cómo el presupuesto se consume en obras que no garantizan la reapertura, clama por una respuesta que vaya más allá de los comunicados oficiales, exigiendo el retorno a las prácticas en un entorno que cumpla con los mínimos estándares de higiene y seguridad.

Ante el creciente malestar, la rectoría ha ordenado una auditoría de cumplimiento para determinar si los desembolsos realizados corresponden efectivamente a las intervenciones ejecutadas. Voceros de la administración central han señalado que se evalúan sanciones contractuales y posibles hallazgos disciplinarios si se comprueba que el contratista ha incumplido con las especificaciones técnicas, en un intento por blindar la integridad financiera de la institución frente a las sospechas de una ejecución deficiente.

Este episodio no es un hecho aislado en el panorama de las universidades públicas del Caribe, donde la infraestructura deportiva suele ser la primera víctima de la desidia presupuestal. La historia de Uniatlántico está marcada por una lucha constante entre la expansión académica y la preservación de sus activos físicos, un desafío que se agrava cuando la falta de supervisión técnica permite que proyectos de casi mil millones de pesos terminen convertidos en elefantes blancos que, en lugar de formar atletas, acumulan óxido y negligencia.

El futuro inmediato del complejo acuático depende de los resultados de la auditoría y de la capacidad de la universidad para exigir la responsabilidad civil del contratista. Mientras se definen las acciones legales, la comunidad universitaria permanece expectante ante una posible audiencia pública donde se revelen los detalles técnicos del contrato, un ejercicio de transparencia que se ha vuelto indispensable para restaurar la confianza en una institución que, por encima de cualquier cifra, tiene la obligación de garantizar el bienestar de quienes la habitan.