El ocaso de un hombre de confianza: la salida del coronel Carlos Alberto Feria de la Policía Nacional

La carrera del coronel Carlos Alberto Feria, quien fuera la sombra protectora del presidente Gustavo Petro, ha llegado a un abrupto final en las filas de la Policía Nacional. La notificación de su retiro, entregada por el Ministerio de Defensa mientras el oficial cumplía funciones en la Escuela Superior de Capacitación en el sur de Bogotá, cierra un capítulo marcado por la sombra del escándalo y la sospecha. Su salida no es un movimiento de rutina, sino la consecuencia directa de una tormenta judicial que ha puesto bajo la lupa los métodos empleados en el entorno más íntimo del poder ejecutivo.

El expediente contra Feria es contundente y se centra en el uso irregular de los recursos del Estado para fines privados. La Fiscalía General de la Nación le ha imputado cargos por peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, delitos derivados de la polémica prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Este procedimiento, ejecutado en dependencias cercanas a la Casa de Nariño, se convirtió en el epicentro de una investigación que ya ha alcanzado a altos funcionarios, evidenciando una extralimitación en las facultades de los organismos de seguridad.

Para la ciudadanía, este episodio trasciende el ámbito castrense y se instala en el debate sobre el respeto a los derechos fundamentales y la ética en el ejercicio del poder. La percepción de que el aparato de seguridad del Estado fue instrumentalizado para dirimir conflictos domésticos ha generado un profundo malestar, erosionando la confianza pública en las instituciones encargadas de velar por la integridad de los ciudadanos. La salida de Feria es vista por muchos como un intento de depuración, aunque para otros, llega tarde frente a la gravedad de los hechos denunciados.

Desde el Gobierno, el hermetismo ha sido la constante, mientras que la defensa del oficial, liderada por el abogado Abelardo de la Espriella, ha mantenido una postura de confrontación jurídica ante los estrados. La imputación de cargos, que se suma a la ya notificada hace un mes contra Laura Sarabia por delitos de similar naturaleza, dibuja un panorama sombrío para los implicados. Sarabia, quien ha rechazado los cargos, se mantiene como una figura central en este proceso que continúa desmoronando la estructura de seguridad y gabinete del actual mandato.

Este caso se inscribe en una larga tradición de crisis institucionales en Colombia, donde la línea entre la seguridad del Estado y los intereses personales de los gobernantes suele desdibujarse con consecuencias nefastas. Históricamente, el uso indebido de los servicios de inteligencia y seguridad ha sido el talón de Aquiles de diversas administraciones, dejando cicatrices profundas en la democracia nacional. La situación actual del coronel Feria es un recordatorio de que, incluso en los niveles más altos de la jerarquía, la ley debe prevalecer sobre la lealtad ciega a los círculos de poder.

El futuro inmediato del coronel Feria se dirimirá en los tribunales, donde deberá enfrentar un juicio que promete revelar detalles aún más escabrosos sobre los protocolos de seguridad presidencial. Mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas, el país observa con atención cómo se desarrolla este proceso judicial, que podría sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de los uniformados cuando actúan bajo órdenes que vulneran la Constitución. La salida de la Policía es solo el primer paso de un proceso que, sin duda, marcará la agenda política y judicial del país en los meses venideros.