La soberanía en el Caribe: El decreto que busca blindar el archipiélago de San Andrés

Bajo el azul profundo del Caribe, desde la cubierta de un buque de la Armada Nacional, el Gobierno ha trazado una línea divisoria que promete agitar las aguas diplomáticas con Managua. El anuncio de expedir un decreto que establece las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no es solo un acto administrativo; es una declaración de soberanía que busca saldar una deuda normativa de más de cuatro décadas, en un territorio donde cada milla náutica ha sido objeto de una compleja batalla jurídica ante la Corte Internacional de Justicia.

La hoja de ruta presidencial apunta al 30 de noviembre, fecha en la que el Ejecutivo formalizará las coordenadas exactas desde las cuales se medirán los espacios marítimos, incluyendo islas, cayos y formaciones arrecifales. Este procedimiento, fundamentado en la Ley 10 de 1978, pretende replicar para el archipiélago el rigor técnico aplicado al territorio continental. La medida no solo implica la actualización de las cartas náuticas oficiales, sino que impone un nuevo marco para la regulación de la pesca artesanal, el registro de embarcaciones y la infraestructura portuaria en la zona.

Para los habitantes de las islas, esta decisión representa una bocanada de aire fresco en medio de la incertidumbre que ha marcado su cotidianidad tras los fallos de La Haya. La delimitación precisa es vista por los pescadores y operadores turísticos como un escudo necesario para proteger sus caladeros tradicionales y su economía local, históricamente vulnerada por las restricciones impuestas tras las sentencias internacionales que fragmentaron el mar territorial colombiano.

El excanciller Julio Londoño, voz autorizada en la materia, ha subrayado que, si bien la iniciativa se ampara en la legislación interna, su éxito dependerá de la interpretación estricta del derecho internacional del mar. Londoño recordó que, tras los fallos de 2012 y 2022, el escenario jurídico ha mutado, dejando a Colombia ante el reto de ejercer su soberanía sin incurrir en nuevas fricciones que puedan ser interpretadas por Nicaragua como una provocación o un desacato a las sentencias ya emitidas.

El trasfondo de esta decisión se remonta a una omisión histórica: mientras el país delimitó sus costas continentales con celeridad, el archipiélago quedó en un limbo normativo que Nicaragua supo explotar en los tribunales internacionales. Este vacío, que se extendió por cuarenta y seis años, permitió que la narrativa de la soberanía fuera disputada en estrados extranjeros, debilitando la presencia estatal en una región estratégica que es, por esencia y derecho, el baluarte de la identidad caribeña de la nación.

El 30 de noviembre, día en que se conmemora el aniversario de San Andrés, el decreto pasará de ser una promesa presidencial a una realidad cartográfica. El desafío inmediato será la implementación técnica de estas coordenadas y la capacidad de la Cancillería para navegar las aguas de la diplomacia regional, evitando que la reafirmación de los derechos soberanos de Colombia se convierta en el detonante de una nueva escalada de tensiones en la Corte de La Haya.