El asedio de las sombras: la ofensiva sicarial que desangra al cuerpo de custodia del Inpec

La penumbra de Girón se convirtió este miércoles en el escenario de un nuevo capítulo de la tragedia que asedia al sistema penitenciario colombiano. Diego Acevedo Garzón, un hombre cuya vida transcurría entre los muros de la vigilancia y el rigor institucional, fue alcanzado por la violencia sicarial en un establecimiento comercial, fuera de su horario de servicio. Este crimen no es un suceso fortuito en la geografía del Santander, sino el eco de una ráfaga que parece perseguir con precisión quirúrgica a quienes portan el uniforme del Inpec, transformando sus momentos de descanso en blancos de una guerra invisible pero letal.

El ataque contra Acevedo Garzón, quien sucumbió a sus heridas en el Hospital Universitario de Santander a pesar del esfuerzo médico, se suma a una cronología de sangre que ha marcado la última semana de octubre. Apenas dos días antes, en Cúcuta, el dragoneante Bryan Rangel Saavedra fue ejecutado mientras tanqueaba su vehículo, y el pasado 10 de octubre, la suerte evitó por escasos centímetros que Daniel Steven Tapiero y Shirly Dallana Acosta engrosaran la lista de víctimas tras un atentado a la salida de la cárcel El Bosque en Barranquilla. Los datos son alarmantes: entre 2025 y 2026 se han radicado más de 500 denuncias por amenazas, configurando un estado de sitio para la guardia nacional.

El impacto de esta ofensiva trasciende las cifras y se instala en el tejido social de las familias que aguardan, con el corazón en un hilo, el regreso de sus seres queridos tras cada turno. La comunidad penitenciaria se siente hoy instrumentalizada en un tablero de ajedrez donde el Estado y el crimen organizado miden sus fuerzas. En municipios como Girón, el temor no solo habita en los pabellones de la cárcel Palogordo, sino que se ha desplazado a las calles, donde la seguridad de los funcionarios parece haberse desbordado ante la capacidad de fuego y la inteligencia de las estructuras criminales que operan desde la clandestinidad.

Desde la esfera gubernamental, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ha manifestado una condena enérgica, instando a las autoridades judiciales a actuar con una celeridad que hasta ahora parece esquiva. Por su parte, Juan José Gómez, secretario de Seguridad de Girón, lanzó un grito de auxilio administrativo al reconocer que las capacidades locales están siendo superadas por las amenazas dirigidas al personal de custodia. En respuesta, el gobernador Juvenal Díaz ha convocado a un consejo de seguridad metropolitana con el fin de articular una estrategia que permita blindar a los trabajadores del instituto y capturar a los responsables materiales e intelectuales de esta carnicería.

El análisis de fondo sugiere que este recrudecimiento de la violencia es la respuesta directa a la política de traslados penitenciarios ratificada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella. El movimiento de más de 500 reclusos de alto perfil ha desatado una ola de retaliaciones que no solo afecta a Santander, sino que se extiende por el Caribe, con hostigamientos registrados en la cárcel Modelo de Barranquilla y la de Ternera en Cartagena. La historia reciente de Colombia demuestra que, cada vez que el Estado intenta recuperar el control de los centros de reclusión, la respuesta del crimen organizado es golpear el eslabón más expuesto: el custodio que camina por la calle sin protección.

El futuro del sistema penitenciario pende de un hilo mientras el gremio de trabajadores exige garantías reales que superen los comunicados de solidaridad. El debate legislativo y las próximas audiencias judiciales serán cruciales para determinar si se implementarán medidas de protección extraordinarias para el personal de cárceles de alta seguridad. Mientras tanto, la investigación por la muerte de Diego Acevedo Garzón avanza en una etapa de verificación crítica, bajo la presión de una opinión pública que demanda justicia y una guardia que se niega a seguir siendo el blanco de una venganza que no les pertenece.