La violencia armada volvió a cobrar factura en el convulso suroccidente colombiano, esta vez rozando de forma letal a la dirigencia política local. El exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez Restrepo, fue blanco en las últimas horas de un cruento atentado sicarial que truncó la vida del hombre que custodiaba sus pasos y evidenció, con crudeza indiscutible, que la tranquilidad en este enclave limítrofe del Valle del Cauca continúa asediada por el fuego criminal.
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el ataque se perpetró cuando pistoleros interceptaron al exmandatario, abriendo fuego a corta distancia. En medio de la ráfaga y el caos, el escolta asignado a su esquema de protección interpuso su propia humanidad para blindar la vida de Ramírez, absorbiendo tres impactos de proyectil en zonas vitales que le causaron la muerte poco después. La rápida reacción del dispositivo impidió una tragedia de mayores proporciones, mientras unidades de criminalística acordonaban la escena para levantar evidencias balísticas e inspeccionar las cámaras de seguridad del sector con miras a identificar a los autores materiales e intelectuales.
La noticia estremeció de inmediato el tejido social de Jamundí, un municipio que en los últimos cuatro años ha padecido la constante zozobra de atentados con explosivos, extorsiones y homicidios selectivos. Para la comunidad jamundeña, el hecho no representa únicamente una pérdida humana irreparable para la familia del custodio, sino un recordatorio desolador de la vulnerabilidad ciudadana: la certeza colectiva de que si un exmandatario con esquema de seguridad formal puede ser tiroteado a mansalva, la población civil queda desprovista de las mínimas garantías de supervivencia en su vida cotidiana.
A través de un sentido mensaje en redes sociales, el propio Andrés Felipe Ramírez rompió el silencio con palabras cargadas de duelo y agradecimiento eterno: “Hoy ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida. Estoy vivo de milagro. Dios es generoso y también a una persona que dio su vida por mí”. En su pronunciamiento, el exalcalde extendió su solidaridad a los familiares del escolta abatido, encomió su rigor profesional y temple inquebrantable, y urgió al Gobierno Nacional y a la fuerza pública a brindar una respuesta judicial expedita y a robustecer los esquemas de quienes permanecen en situación de alta vulnerabilidad.
Este atentado se inscribe en la compleja geografía del conflicto que atenaza la frontera entre el Valle y el norte del Cauca. Jamundí representa un corredor estratégico codiciado por estructuras armadas ilegales —particularmente disidencias de las FARC como el frente Jaime Martínez— debido a su conexión directa entre los farallones de Cali y las rutas hacia el océano Pacífico. Durante su administración (2020-2023), Ramírez lidió con reiteradas alertas tempranas por la presencia de actores criminales en la zona rural alta, tensiones territoriales que siguen vigentes y que hoy ponen en entredicho las garantías de seguridad para quienes ejercieron el liderazgo público.
Las próximas horas resultarán decisivas en el frente investigativo mientras la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cali avanzan en las pesquisas para determinar si el atentado responde a retaliaciones por su gestión o a nuevas amenazas de grupos armados organizados. Asimismo, este episodio instala un debate inaplazable en la Unidad Nacional de Protección (UNP) respecto a los criterios de evaluación de riesgo para exfuncionarios en zonas rojas del país, en una región que clama justicia para que el heroísmo del escolta no quede archivado en la impunidad.
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