Fuerza desmedida en el epicentro de la memoria: el severo reparo de la Defensoría al uso de antidisturbios en el Museo Nacional

Bajo los muros de piedra y arcilla del Museo Nacional de Colombia, un antiguo panóptico penitenciario transformado en santuario de la historia patria, la tensión democrática volvió a escenificarse no a través de las armas de la Independencia, sino mediante el estruendo intimidatorio de las botas y los escudos antimotines. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, encendió las alarmas institucionales tras calificar como un 'excesivo despliegue' la intervención de unidades antidisturbios contra un grupo de manifestantes que permanecía de forma pacífica en las inmediaciones del recinto cultural, en pleno corazón de la Carrera Séptima.

El reporte emanado del Ministerio Público precisa que la concentración ciudadana transcurría sin agresiones a transeúntes, sin bloqueos estructurales a la movilidad ni afectaciones al patrimonio arquitectónico que resguarda el primer museo del país. Pese a la ausencia de conflagraciones o disturbios que justificaran la ruptura del diálogo, decenas de uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) hicieron acto de presencia acorazados para el combate urbano, una medida que, según el monitoreo en terreno de los delegados de derechos humanos, vulneró el principio de gradualidad contemplado en los protocolos vigentes para la gestión de la protesta social.

Para la ciudadanía que transita cotidianamente por el centro de la capital y para las organizaciones que han hecho de la plaza del Museo Nacional un bastión de visibilización política y cultural, el aparatoso operativo representó una innecesaria dosis de zozobra. La desproporción entre la naturaleza de la queja ciudadana y el calibre del contingente policial no solo sembró pánico entre los transeúntes y visitantes que acudían a las salas de exposición, sino que reactivó la zozobra sobre los rezagos autoritarios que aún tiñen el tratamiento estatal de la inconformidad popular.

Desde su despacho, la defensora Iris Marín enfatizó que la presencia de la fuerza de choque nunca debe constituir la primera respuesta del Estado ante la disidencia pacífica. En contraposición, las autoridades de policía adujeron la necesidad preventiva de custodiar un bien de interés cultural de la Nación y salvaguardar la integridad de los funcionarios del complejo museográfico; sin embargo, las comisiones de verificación de derechos humanos que atestiguaron los hechos desmintieron que existiera riesgo inminente de saqueo, vandalismo o toma forzosa de las instalaciones.

El episodio no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo en la compleja relación que el centro histórico bogotano sostiene con la movilización social. Durante los últimos años, los jardines y plazoletas del Museo Nacional han servido de refugio temporal y tribuna para comunidades indígenas, colectivos de artistas y sectores populares que buscan amplificar sus demandas ante el poder central; no obstante, el recurrente recurso a la indumentaria de guerra para disolver actos cívicos evidencia las fisuras y resistencias institucionales para transitar hacia una doctrina policial genuinamente desmilitarizada.

Tras el severo pronunciamiento del órgano defensorial, se espera la apertura de mesas de seguimiento con la Alcaldía Mayor y la Dirección General de la Policía Nacional para exigir la revisión de las órdenes de mando que derivaron en este operativo desmesurado. La Defensoría reiteró que elevará informes ante las instancias de control disciplinario correspondientes, mientras el país aguarda señales claras de que el derecho constitucional a manifestarse no continuará siendo tratado como un problema de orden público bélico, sino como una piedra angular de la vida democrática.