En la cárcel de alta seguridad Picaleña, en Ibagué, amaneció recluido el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como Kiko Gómez, luego de que se ordenara su traslado por presuntas amenazas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y un procurador delegado que hicieron parte de la decisión con la que se revocó la absolución por homicidio agravado emitida al político. El operativo de registro de su celda ocurrió cuando concedía una entrevista a Caracol Radio y antes del traslado se le decomisó un celular.
Fue el presidente Abelardo de la Espriella quien ordenó que Gómez fuera trasladado de la cárcel La Dorada, en Caldas, donde cumplía una pena de más de 50 años de prisión. El exgobernador ha sido vinculado con el disparo que apareció en la oficina del procurador delegado ante la Corte Suprema Pedro Luis Bonilla. Aunque inicialmente se dijo que podría tratarse de una bala perdida, el magistrado José Joaquín Urbano le expresó a través de una carta a Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala Penal, su preocupación porque en días pasados, “en varias plataformas virtuales, circuló una información según la cual ‘un poderoso asesino guajiro -hoy preso y con varias condenas en última instancia-, les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra’. Con ocasión de esta información, el miércoles 26 de agosto, la Procuradora Judicial II Gloria Guzmán Duque, quien presentó una de las demandas de casación contra la absolución proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, acudió a mi oficina para compartirme la profunda preocupación que tenía por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervenimos en ese proceso”. (Lea también: Oficina de Procuraduría que tenía impacto de bala es de funcionario que llevaba caso de Kiko Gómez)
El comando policial y los delegados del ente acusador enfatizaron la trascendencia de este golpe: «No descansaremos en la tarea de desarticular cualquier estructura que atente contra la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en el territorio», subrayaron los portavoces oficiales durante la rueda de prensa.
Cabe resaltar que este resultado se enmarca dentro de las estrategias integrales de seguridad desplegadas en los principales corredores del país para mitigar los delitos de alto impacto. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho anómalo a través de las líneas de atención gratuitas.
Mientras avanza la judicialización y se definen las medidas de aseguramiento correspondientes, los organismos de seguridad continuarán con los operativos de control en las zonas priorizadas para garantizar la tranquilidad y el estricto cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.
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