Los muros de piedra del Museo Nacional de Colombia amanecieron con cicatrices visibles: clavos desnudos, siluetas descoloridas sobre la pintura y pedestales vaciados al amparo de la noche. La intervención gubernamental sobre tres de las salas más emblemáticas del recinto cultural más antiguo del país —«Hacer sociedad», «Memoria y nación» y «Fuerza, fe y sustancia»— encendió las alarmas de la intelectualidad y las organizaciones sociales en Bogotá y el resto de la nación. Lo que debió ser un santuario de convergencia para las múltiples orillas que componen el tejido colombiano devino en trinchera ideológica, luego de que saliera a la luz la purga sistemática de al menos 30 piezas, fotografías y cédulas curatoriales que documentaban hitos de los movimientos feministas, la comunidad LGBTIQ+ y las víctimas del conflicto armado interno.
El meollo de la controversia, develado tras una minuciosa investigación periodística de La Silla Vacía, se precipitó con celeridad fulminante. Apenas veinticuatro horas después de que desde el solio presidencial se ordenara a la cartera de Cultura expurgar toda representación tildada sumariamente de «apología al terrorismo», los equipos de montaje ejecutaron el desmonte en las salas de exhibición permanente. La directriz presidencial, inscrita en lo que el Ejecutivo ha denominado abiertamente una «contrarrevolución cultural», eliminó del escrutinio público testimonios materiales de la violencia política, registros de líderes sociales y vestigios de la insurgencia desmovilizada, configurando una fractura sin precedentes recientes en la autonomía curatorial del patrimonio público.
La respuesta ciudadana no dio tregua a la resignación. Al mediodía del 17 de septiembre, una masa compacta de estudiantes, defensores de derechos humanos, colectivos de género y ciudadanos de a pie colmó la Carrera Séptima frente a la imponente fachada del museo. Pese al despliegue disuasivo de efectivos de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), que custodiaban el pórtico principal desde primeras horas de la mañana, la manifestación discurrió en una pacífica y vibrante vigilia cívica. Con claveles blancos, pancartas y arengas en defensa del arte como reflejo insobornable de la verdad histórica, los asistentes transformaron el espacio público en una asamblea viva contra la censura gubernamental.
La justificación oficial, defendida por la ministra de las Culturas, Paola Holguín, sostiene que las salas no deben instrumentalizarse como «foco de difusión de versiones sesgadas o medio multiplicador de la agenda gubernamental», al tiempo que anunció una reestructuración de la museología estatal para blindar el recinto contra la «revictimización y el adoctrinamiento». Sin embargo, desde los sectores académicos y la oposición el rechazo fue tajante; figuras públicas y defensores de la paz, entre ellas la senadora María José Pizarro —afectada directamente por la exclusión de símbolos vinculados a la memoria de su padre, Carlos Pizarro—, calificaron la medida como un intento autoritario de reescribir el pasado nacional y mutilar los consensos alcanzados en torno al reconocimiento de las víctimas y las disidencias.
El episodio no es una disputa menor de pasillos académicos: toca las fibras más sensibles de un país que ha intentado durante décadas transitar de la barbarie a la reconciliación mediante la escucha de todos sus relatos. El Museo Nacional, erigido originalmente como penitenciaría central a finales del siglo XIX, ha funcionado en su etapa contemporánea como el gran espejo polifónico donde convergen las grandezas coloniales, las tragedias republicanas y los reclamos de las poblaciones históricamente postergadas en el Caribe, el Pacífico y los Andes. Intervenir su guion museográfico por mandato unilateral amenaza con retrotraer a Colombia a una narrativa hegemónica y excluyente, donde el pasado incómodo se sepulta en lugar de ser comprendido.
El choque institucional apenas comienza a transitar sus cauces formales. Colectivos jurídicos y agremiaciones de museólogos alistan acciones de tutela y recursos ante el Consejo de Estado para amparar el derecho colectivo al acceso al patrimonio y la memoria histórica, mientras bancadas independientes convocan a un debate de control político a la ministra Holguín en el Congreso de la República. La pugna que hoy tiene por escenario el Panóptico de Bogotá definirá si el relato de la identidad colombiana seguirá siendo el patrimonio compartido y plural de sus ciudadanos o si quedará supeditado a los vaivenes doctrinarios del gobierno de turno.
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