El Caribe exige soberanía: la hoja de ruta de Eduardo Verano para conjurar el colapso energético

En el corazón de un país que observa con inquietud el descenso de sus niveles de embalses, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, ha irrumpido en el debate nacional con una propuesta técnica y política de alto calado. Desde Barranquilla, epicentro de la actividad industrial del norte colombiano, el mandatario ha puesto sobre la mesa cuatro pilares estratégicos destinados a evitar que la crisis de suministro se convierta en un lastre definitivo para el desarrollo regional y la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

La propuesta se articula sobre un plan de expansión acelerado que prioriza la diversificación de la matriz energética, alejándose de la dependencia exclusiva de la hidroelectricidad. Verano plantea la creación de una mesa nacional de carácter permanente, la implementación de una regulación diferenciada para el Caribe —que históricamente ha cargado con las ineficiencias del sistema— y la ejecución de proyectos de infraestructura que permitan una mayor resiliencia ante el fenómeno de El Niño, buscando blindar una demanda que en la región crece a un ritmo superior al promedio nacional.

Para el ciudadano de a pie, la urgencia de estas medidas no es un asunto meramente técnico, sino una cuestión de supervivencia económica. La inestabilidad en el servicio y las alzas tarifarias han erosionado el poder adquisitivo de las familias barranquilleras y han frenado la inversión extranjera en el departamento. La propuesta del gobernador busca, en esencia, estabilizar los costos y garantizar que la energía deje de ser un factor de incertidumbre para convertirse en el motor que dinamice la industria y el comercio local.

Voceros del sector energético y gremios económicos han recibido el pliego de peticiones con un optimismo cauteloso, reconociendo que la voz del Caribe debe ser determinante en la toma de decisiones del Ministerio de Minas y Energía. Mientras tanto, desde la Gobernación se insiste en que la articulación entre el Gobierno central y las regiones no puede limitarse a la gestión de crisis, sino que debe transitar hacia una gobernanza energética donde el Atlántico tenga voz y voto en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Este llamado de Verano no es un hecho aislado, sino la culminación de años de tensiones por un modelo de mercado que, a juicio de los mandatarios regionales, ha sido diseñado bajo una óptica centralista. La historia reciente del Caribe está marcada por apagones, intervenciones a empresas prestadoras y una infraestructura de transmisión que ha llegado a su límite operativo, lo que convierte a esta región en el eslabón más vulnerable de la cadena nacional ante cualquier fluctuación climática o técnica.

El camino hacia la implementación de estas propuestas requerirá de un complejo debate legislativo y de una voluntad política que trascienda los colores partidistas. En las próximas semanas, se espera que el Ministerio de Minas convoque a la mesa nacional sugerida, donde se definirá si el país está dispuesto a ceder el control centralizado en favor de un modelo regionalizado, más eficiente y, sobre todo, capaz de garantizar la seguridad energética que Colombia reclama con urgencia.