El vacío de garantías: la sombra que el nuevo decreto de protesta proyecta sobre la prensa

En el complejo tablero de la democracia colombiana, donde la protesta social se ha consolidado como un termómetro de las fracturas nacionales, la reciente expedición de un decreto regulatorio ha encendido las alarmas en el gremio periodístico. Mientras el Ejecutivo presenta la norma como un avance en la gestión del orden público, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha denunciado una omisión crítica: el texto ignora deliberadamente la protección de quienes, cámara y libreta en mano, documentan el pulso de las movilizaciones, dejando a los comunicadores en un limbo jurídico que los expone a la arbitrariedad.

La preocupación no es retórica, sino que se asienta sobre una base estadística dolorosa. Durante el estallido social de 2021, la FLIP documentó 263 acciones violentas contra periodistas, un registro que incluye desde agresiones físicas y detenciones arbitrarias hasta el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado. El nuevo decreto, al no establecer protocolos específicos de respeto a la labor informativa ni mecanismos de desescalamiento ante la prensa, ignora la lección histórica de que, sin garantías para el informador, el derecho a la verdad es el primero en ser sacrificado.

Para el ciudadano de a pie, esta carencia normativa se traduce en un riesgo directo para su derecho a estar informado. Cuando el periodista es hostigado o impedido de cubrir una manifestación, se rompe el puente entre la realidad de la calle y la opinión pública. La ausencia de salvaguardas claras en el decreto no solo afecta la integridad física de los reporteros, sino que fomenta un clima de censura indirecta donde el miedo a la represión termina por silenciar las crónicas que la sociedad necesita conocer para debatir su propio rumbo.

Ante este panorama, las voces de alerta se multiplican. Desde la FLIP se ha instado al Gobierno a corregir el rumbo, argumentando que la regulación de la protesta no puede ser un cheque en blanco que sacrifique las libertades civiles. Por su parte, organizaciones de derechos humanos han calificado la omisión como una regresión peligrosa, señalando que cualquier normativa que pretenda regular el espacio público debe, por imperativo constitucional, reconocer la labor del periodista como un actor protegido y no como un estorbo para el control del orden.

Este episodio se inscribe en una larga tradición de tensiones entre el poder y la prensa en el Caribe y el resto del país, donde la cobertura de la protesta ha sido históricamente un terreno minado. En ciudades como Barranquilla, donde la movilización social ha tenido matices particulares, el gremio periodístico ha reclamado siempre que el respeto a su labor no sea una concesión graciosa de las autoridades, sino un pilar innegociable de la institucionalidad, un principio que parece haberse desdibujado en la redacción de este nuevo marco legal.

El futuro inmediato de esta controversia se trasladará a los estrados judiciales y a los debates de control político en el Congreso, donde se espera que la sociedad civil presione por una reforma que incluya un capítulo especial de garantías para la prensa. La pregunta que queda en el aire es si el Estado colombiano está dispuesto a corregir esta omisión antes de que la próxima jornada de movilizaciones se convierta, nuevamente, en un escenario de hostilidad contra quienes tienen la tarea de narrar la historia en tiempo real.