El frágil edificio de la justicia transicional colombiana vuelve a temblar en sus cimientos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la bancada del Centro Democrático han entrado en una abierta confrontación jurídica y política a raíz de una iniciativa legislativa que pretende alterar las competencias del tribunal sobre los integrantes de la Fuerza Pública. Desde los pasillos de la alta magistratura en Bogotá, la postura ha sido categórica: la propuesta de la colectividad de oposición resulta abiertamente inconstitucional y amenaza con fracturar el corazón mismo del modelo de verdad y reparación pactado en el país.
El nudo del conflicto radica en la intención del partido Centro Democrático de impulsar una reforma constitucional que otorgue facultades distintas, e incluso un fuero especial o juzgamiento diferenciado, a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía envueltos en conductas acaecidas durante el conflicto armado. La JEP, mediante una rigurosa evaluación de sus presupuestos legales, sostiene que el acto legislativo quebranta los principios de cosa juzgada constitucional, la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos y la autonomía jurisdiccional otorgada por el Acto Legislativo 01 de 2017.
Para los miles de comparecientes —tanto aquellos de bajo rango como altos mandos que hoy rinden versión sobre ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de guerra—, esta puja política traduce una peligrosa incertidumbre. Mientras que algunos sectores castrenses ven en la iniciativa una promesa de ecuanimidad frente a la justicia civil, defensores de víctimas y juristas enfatizan que cualquier alteración al sistema transicional entorpecería la entrega de la verdad, congelaría procesos de amnistía condicionada y privaría a los sobrevivientes del derecho a una justicia pronta e integral.
Desde la tribuna parlamentaria, los voceros del Centro Democrático defienden el proyecto argumentando que las Fuerzas Armadas de la República no pueden ser sujetas al mismo rasero ni al mismo tribunal que los antiguos combatientes de las FARC. Sin embargo, los magistrados de la JEP han salido al paso recordando que la legitimidad internacional del sistema descansa sobre su imparcialidad y su jurisdicción exclusiva sobre todos los actores del conflicto, advirtiendo que sustraer a los militares conduciría indefectiblemente a la intervención de la Corte Penal Internacional.
El choque evoca las intensas disputas parlamentarias de 2016 y 2017, cuando el modelo de juzgamiento para los agentes del Estado fue uno de los escollos más complejos durante la refrendación de los Acuerdos de La Habana. La región Caribe y el centro del país, escenarios clave en la recolección de testimonios del macrocaso 03 sobre falsos positivos, observan con cautela un debate que trasciende las paredes del Congreso y toca las fibras más sensibles de la memoria histórica nacional.
El pulso institucional se traslada ahora al terreno parlamentario y, eventualmente, a la Corte Constitucional, donde se anticipa un severo examen de fondo. De prosperar el trámite en las cámaras, el alto tribunal deberá determinar si el proyecto incurre en una sustitución de la Constitución, un fallo que podría definir el rumbo definitivo de la paz negociada y la suerte judicial de más de trece mil uniformados adscritos al sistema transicional.
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