La autoridad del Estado, piedra angular de una paz sin claudicaciones

En un momento de profunda incertidumbre para la seguridad nacional, donde la arquitectura de la 'paz total' enfrenta sus mayores desafíos, la voz de Abelardo De La Espriella resuena como un llamado a la rectificación. Para el jurista, la narrativa oficial que busca la reconciliación a cualquier costo ha terminado por erosionar la capacidad coercitiva del Estado, dejando a las instituciones en una posición de vulnerabilidad frente a estructuras criminales que, lejos de buscar una salida negociada, han capitalizado la tregua para fortalecer sus economías ilícitas y su control territorial.

Las cifras de la Defensoría del Pueblo y diversos centros de pensamiento coinciden en un panorama inquietante: el aumento de las extorsiones, el secuestro y el confinamiento de comunidades rurales en departamentos como el Cauca, Nariño y el Chocó. De La Espriella sostiene que la estrategia actual ha derivado en una parálisis operativa de la Fuerza Pública, cuyos hombres y mujeres, a pesar de su compromiso patriótico, se ven atados por directrices políticas que limitan su capacidad de respuesta ante el asedio constante de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC.

Para el ciudadano de a pie, esta realidad se traduce en una zozobra cotidiana que golpea la economía local y la tranquilidad de las familias. Mientras el discurso gubernamental insiste en la desescalada del conflicto, en los territorios la percepción es de un Estado ausente o, en el peor de los casos, condescendiente con quienes perpetran la violencia. Esta desconexión entre la retórica de los salones de negociación y la crudeza de la periferia ha generado un clima de desconfianza que amenaza con fracturar el tejido social de las regiones más golpeadas por la guerra.

Ante este escenario, el primer mandatario ha reiterado su respaldo al patriotismo de las Fuerzas Militares y de Policía, subrayando que su labor es indispensable para enfrentar la criminalidad organizada. Sin embargo, desde sectores críticos se exige que dicho respaldo no se limite a palabras de aliento, sino que se materialice en una política de seguridad robusta, con herramientas jurídicas claras que permitan a los uniformados actuar con contundencia sin el temor a represalias institucionales o procesos disciplinarios por cumplir con su deber constitucional.

El debate no es nuevo en la historia reciente de Colombia, donde la tensión entre la búsqueda de la paz y el ejercicio de la autoridad ha sido una constante. La experiencia de procesos anteriores demuestra que cualquier intento de diálogo que ignore el fortalecimiento del Estado como único poseedor del monopolio de la fuerza suele terminar en un fortalecimiento de los grupos ilegales. La región Caribe, con sus propios retos de seguridad, observa con atención este pulso, consciente de que la estabilidad nacional depende de la capacidad de imponer el orden sin ambigüedades.

El futuro inmediato estará marcado por la necesidad de una reevaluación profunda de los protocolos de paz. La presión de la opinión pública y la urgencia de recuperar el control territorial obligarán al Ejecutivo a definir si persistirá en su modelo actual o si, por el contrario, ajustará su estrategia para priorizar la autoridad del Estado. La legitimidad de cualquier proceso de paz, en última instancia, no reside en la voluntad de los grupos armados, sino en la capacidad de la democracia para garantizar la seguridad y la libertad de todos sus ciudadanos.