En un movimiento que sacude los cimientos de la reforma policial impulsada por el actual Gobierno, el país asiste al desmantelamiento de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para dar paso, nuevamente, al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Esta decisión, lejos de ser un mero trámite administrativo, representa una rectificación profunda en la narrativa de seguridad ciudadana, devolviendo a las calles una sigla que, para bien o para mal, ha definido la contención del orden público en Colombia durante las últimas dos décadas. La transición marca el fin de un experimento institucional que buscaba suavizar la imagen de la fuerza pública en contextos de alta conflictividad social.
La resolución que oficializa este cambio deroga de tajo la estructura impuesta bajo la administración de Gustavo Petro, la cual buscaba priorizar el diálogo sobre la fuerza coercitiva. Los detalles técnicos revelan que la nueva directriz busca recuperar la agilidad operativa y la jerarquía táctica que, según sectores críticos de la institución, se habían diluido en la transición hacia la UNDMO. Con este decreto, se restablecen los protocolos de intervención inmediata y se reasignan recursos logísticos bajo la doctrina clásica de control de multitudes, eliminando los matices experimentales que caracterizaron el último bienio en la gestión de crisis urbanas.
Para el ciudadano de a pie y los sectores comerciales de centros neurálgicos como Bogotá, Medellín y Barranquilla, el regreso del Esmad se percibe con una mezcla de alivio y cautela. Mientras los gremios económicos ven en esta medida una garantía de protección frente a los bloqueos y el vandalismo que han lacerado la economía regional, las organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación por lo que consideran un retroceso en las garantías para la manifestación pacífica. El impacto es directo: la fuerza pública retoma un brazo ejecutor con mayor capacidad de disuasión, alterando el equilibrio de fuerzas en el espacio público y redefiniendo los límites de la protesta.
Desde la cúpula policial y el Ministerio de Defensa, el discurso se centra en la necesidad de una institucionalidad robusta y sin ambigüedades. Voceros oficiales han señalado que la medida responde a una evaluación técnica del desempeño de la UNDMO, la cual habría mostrado limitaciones operativas en situaciones de alta complejidad donde el diálogo fue insuficiente para contener la violencia. El alto mando subraya que el retorno de la sigla histórica no implica un cheque en blanco, sino que viene acompañado de nuevos estándares de formación y una supervisión técnica más rigurosa para evitar los excesos que en el pasado empañaron la imagen del escuadrón.
El contexto de esta decisión se enmarca en una historia de tensiones que se remonta a 1999, cuando el Esmad fue creado como una solución temporal que terminó por volverse permanente ante la intensidad del conflicto interno y la agitación civil. La región Caribe, que ha vivido jornadas de protesta por las tarifas de energía y crisis de servicios públicos, mira con lupa este cambio, recordando que la efectividad de la fuerza pública ha sido históricamente el fiel de la balanza entre la estabilidad y el caos. El fracaso del modelo UNDMO sugiere que la transición hacia una policía puramente civilista aún choca con la realidad de un país con focos de violencia persistentes y una polarización social latente.
El camino que sigue estará marcado por el escrutinio judicial y el debate en el Congreso, donde se espera que la oposición y los aliados del Gobierno midan fuerzas sobre la legalidad y la conveniencia de este reversazo doctrinal. Las próximas audiencias y la implementación de los nuevos manuales de funciones serán determinantes para saber si el restablecido Esmad podrá sacudirse los estigmas de años anteriores o si su regreso reavivará las llamas de la controversia internacional. Por ahora, el uniforme oscuro y los escudos vuelven a ser el rostro visible del Estado ante la turbulencia de las calles colombianas.
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