La trampa de las tarifas en el Caribe: radiografía de una promesa rota tras la intervención de Air-e

Caminar al mediodía por los barrios del suroriente de Barranquilla —desde Simón Bolívar hasta La Luz— o recorrer los corredores comerciales de Soledad y Malambo es enfrentarse a un clamor unánime que no entiende de discursos ministeriales: el recibo de la luz se come la mitad del sustento familiar. A pesar de los bombos y platillos con los que el Gobierno Nacional oficializó la toma de posesión e intervención de Air-e a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la factura que llega a las puertas de los hogares no da tregua. La promesa de una rebaja inmediata del 20% o 25% en el costo del kilovatio hora se ha estrellado contra un laberinto técnico, financiero y regulatorio que parece diseñado para perpetuar la asfixia económica de los siete departamentos de la Costa.

El corazón del problema radica en una fórmula perversa aprobada en administraciones anteriores y avalada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG): el componente de 'Pérdidas Reconocidas' (PR). Mientras que en Bogotá o Medellín un usuario paga en su tarifa únicamente las pérdidas técnicas naturales del cableado (que oscilan entre el 8% y el 10%), en el Atlántico, Magdalena y La Guajira los usuarios cumplidos pagan hasta un 33% adicional por concepto de la energía que otros defraudan mediante conexiones ilegales o la que se disipa por el deterioro terminal de transformadores y líneas de media tensión. En plata blanca, de cada 100 pesos que paga un comerciante o una madre cabeza de hogar en Barranquilla, más de 30 pesos corresponden a pérdidas ajenas. Cambiar el interventor de la empresa no desmonta esa fórmula por arte de magia; requiere un acto administrativo vinculante de la CREG que sigue empantanado en discusiones burocráticas.

A este lastre se suma el fantasma de la 'Opción Tarifaria', el mecanismo financiero ideado durante la pandemia para congelar temporalmente los incrementos del kilovatio y que hoy le pasa una cuenta de cobro astronómica a la ciudadanía. La deuda acumulada por este concepto supera los 4 billones de pesos en todo el país, de los cuales cerca de 1.2 billones corresponden al mercado que operaba Air-e. El anuncio presidencial de que la Nación asumiría el saldo de la opción tarifaria para aliviar la carga de los estratos 1, 2 y 3 no se ha materializado en desembolsos concretos de la cartera de Hacienda, lo que mantiene a los comercializadores atados de manos y cargando intereses corrientes sobre una deuda que los usuarios del Caribe ya no tienen con qué pagar.

La ironía resulta todavía más lacerante al observar el mapa energético de la región. El Atlántico alberga hoy algunos de los parques solares más modernos de Sudamérica, con complejos fotovoltaicos en Sabanalarga, Baranoa y Ponedera que inyectan megavatios limpios al Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, debido a la estructura del mercado mayorista de energía en Colombia —donde el precio de la bolsa lo fija la última planta térmica o hidroeléctrica que entra a operar—, tener los paneles solares en el patio trasero de la casa no abarata en un solo centavo el kilovatio que consume el tendero de la esquina. La energía se genera en el Caribe a costos competitivos, pero se liquida bajo reglas centralistas que favorecen la especulación en bolsa.

En el frente operativo, la intervención de Air-e tampoco ha logrado frenar el deterioro de la infraestructura. Cuadrillas tercerizadas que operan con limitaciones de repuestos, transformadores que estallan a diario bajo la canícula caribeña y suspensiones intempestivas del servicio configuran un escenario de vulnerabilidad cotidiana. La Asociación de Comerciantes de Barranquilla (Undeco) ha advertido que más del 18% de las microempresas gastronómicas y tiendas de abarrotes han visto comprometida su viabilidad financiera por cuenta de las facturas de energía, las cuales superan con frecuencia el canon de arrendamiento de los locales comerciales.

Resolver la crisis energética del Caribe no es un asunto de consignas políticas ni de cambiar logotipos en las fachadas de las oficinas de cobro. Exige medidas de fondo inmediatas: primero, la derogación inmediata de la resolución que traslada las pérdidas no técnicas al usuario final; segundo, el pago efectivo y con cargo al Presupuesto General de la Nación de la deuda de la Opción Tarifaria; y tercero, la instauración de una tarifa diferencial de justicia climática que reconozca que en una región donde la temperatura promedio supera los 32 grados centígrados, el uso del ventilador y la refrigeración no es un lujo suntuario, sino un derecho humano fundamental a la subsistencia digna.