El fin de la tregua: el nuevo decreto que autoriza la intervención policial inmediata en la protesta

En un giro drástico para la política de orden público en Colombia, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella oficializará este viernes un decreto que altera de raíz el protocolo de intervención en las movilizaciones sociales. La norma, concebida bajo la premisa de restaurar el principio de autoridad, faculta a la fuerza pública para actuar de manera inmediata contra quienes incurran en actos violentos, eliminando el requisito de agotar previamente las instancias de diálogo y mediación que habían caracterizado la gestión de las protestas en la última década.

El articulado establece criterios técnicos precisos para la intervención: la presencia de armas, el vandalismo contra infraestructura crítica o el bloqueo prolongado de vías principales serán causales suficientes para que el ESMAD y la Policía Nacional desplieguen sus capacidades disuasivas sin dilaciones. Según fuentes del Ministerio del Interior, esta decisión responde a un análisis de inteligencia que identifica un incremento del 22% en los ataques a la propiedad privada durante las manifestaciones del último semestre, una cifra que, según el Ejecutivo, justifica la transición hacia un modelo de respuesta más ágil y menos burocrático.

Para el ciudadano de a pie, la medida implica un cambio sustancial en el paisaje urbano de ciudades como Barranquilla, Bogotá o Cali, donde la protesta se había convertido en un fenómeno cotidiano. Si bien el Gobierno sostiene que el derecho a la libre expresión permanece intacto, sectores de la sociedad civil y gremios comerciales han recibido el anuncio con una mezcla de alivio y escepticismo; mientras los comerciantes celebran la protección de sus establecimientos, los defensores de derechos humanos advierten sobre el riesgo de una escalada en la confrontación física en las calles.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde la oposición, diversos congresistas han calificado el decreto como un retroceso en los estándares internacionales de derechos humanos, argumentando que la mediación es la única herramienta capaz de prevenir tragedias. Por el contrario, la cúpula militar y policial ha respaldado la medida, asegurando que el nuevo marco jurídico les otorga la seguridad legal necesaria para cumplir con su deber constitucional de proteger el orden público sin el temor a represalias administrativas por actuar con contundencia en momentos críticos.

Este decreto se inscribe en una tradición histórica de tensiones entre el Estado y los movimientos sociales en el Caribe y el resto del país, donde la protesta ha sido históricamente el vehículo de reivindicaciones profundas. A diferencia de los protocolos establecidos tras las crisis de 2019 y 2021, que privilegiaban la desescalada, la administración De la Espriella apuesta por una doctrina de 'orden preventivo'. Este viraje recuerda a los debates de finales de los años 90, cuando la seguridad ciudadana se convirtió en el eje central de la agenda pública frente a la agitación social.

El futuro de esta política se dirimirá tanto en las calles como en los estrados judiciales. Se espera que en los próximos días organizaciones civiles interpongan recursos de nulidad ante el Consejo de Estado, buscando frenar la implementación de un decreto que, a todas luces, marcará un antes y un después en la relación entre el ciudadano y el Estado. Mientras tanto, el país observa con atención el primer despliegue bajo esta nueva normativa, que pondrá a prueba la capacidad de las autoridades para diferenciar entre la legítima disidencia y la violencia desmedida.