La ambiciosa apuesta por la devolución del IVA: el eje central del rescate social de la era De la Espriella

En un giro audaz hacia la justicia redistributiva, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha puesto sobre la mesa una propuesta que promete alterar la estructura del consumo en Colombia: la devolución sistemática del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a cerca de 19 millones de ciudadanos. En un diálogo con la dirección de Noticias Caracol, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, desglosaron los alcances de esta iniciativa, enmarcada en lo que el Ejecutivo ha denominado el 'rescate social', una estrategia diseñada para aliviar la carga financiera de los hogares más golpeados por la inflación y la precariedad económica.

La arquitectura técnica de la propuesta se fundamenta en la digitalización del comercio minorista. Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el mecanismo operará mediante la factura electrónica, permitiendo que el sistema identifique automáticamente el gravamen pagado por el consumidor final y proceda a su abono directo en cuenta. El impacto económico estimado para cada familia beneficiaria asciende a 220.000 pesos mensuales, una cifra que, aunque modesta, representa un oxígeno vital para los sectores de menores ingresos. La implementación, sin embargo, está supeditada a un cronograma estricto que fija el primero de enero de 2028 como fecha de entrada en vigor.

Para el ciudadano de a pie, esta medida trasciende la cifra contable; se perfila como una reconfiguración del contrato social en el punto de venta. La promesa de que el Estado devuelva el tributo a quienes, por su condición de vulnerabilidad, no deberían soportar la carga del consumo gravado, busca corregir una de las mayores inequidades del sistema tributario nacional. No obstante, el éxito de esta política dependerá de la capacidad del Gobierno para integrar a la economía informal y a los pequeños tenderos de barrio a la red de facturación electrónica, un desafío logístico de proporciones monumentales.

El ministro Miguel Gómez Martínez fue enfático al señalar que el periodo de transición no es un mero trámite, sino una fase de preparación técnica intensiva. 'Hay un año para hacer un esfuerzo muy grande para que muchas personas y tenderos que hoy no están en el régimen de factura electrónica reciban la tecnología y el apoyo necesario', afirmó el jefe de la cartera de Hacienda. Esta declaración subraya la urgencia de una modernización tecnológica que, de no ejecutarse con precisión, podría dejar en el limbo a los comercios de barrio, pilares del abastecimiento en las zonas más apartadas del país.

Históricamente, la devolución del IVA ha sido una promesa recurrente en los debates económicos colombianos, a menudo frustrada por la complejidad de la evasión y la informalidad. A diferencia de intentos previos, la propuesta actual se apoya en la masificación de las herramientas digitales, un terreno donde el país ha avanzado pero aún presenta brechas profundas. El precedente de otros modelos latinoamericanos sugiere que, si bien la intención es loable, la ejecución requiere una infraestructura de datos robusta que evite el fraude y garantice que el flujo de caja llegue efectivamente a los bolsillos de quienes más lo necesitan.

El debate legislativo que se avecina será el termómetro definitivo para esta Ley de Rescate Económico. Mientras el Gobierno defiende la viabilidad técnica y social de su propuesta, sectores de la oposición y expertos en política fiscal ya preparan sus reparos sobre el impacto en el recaudo y la sostenibilidad del gasto público. La discusión no solo se centrará en la justicia social, sino en la capacidad del Estado para sostener un subsidio de tal magnitud sin comprometer la estabilidad macroeconómica, una encrucijada que definirá el legado económico de la actual administración.