Bajo el sol inclemente que baña el corredor universitario de Barranquilla, la Gran Vía se proyectaba como el estandarte de la modernidad y la fluidez vehicular del Atlántico. Sin embargo, lo que debía ser una oda a la ingeniería civil ha terminado por convertirse en un laberinto de interrogantes fiscales. La obra, diseñada para transformar la conectividad entre la capital y Puerto Colombia, hoy se ve empañada por el hallazgo de grietas que no están en el asfalto, sino en los despachos donde se gestó su planeación, revelando una gestión que subestimó la complejidad del terreno y la rigurosidad de los estudios previos.
La cifra es tan contundente como alarmante:
Para el ciudadano de a pie, aquel que transita diariamente entre los desvíos y la polvareda de la construcción, este desajuste financiero no es una abstracción contable. Representa una inversión que pudo haberse destinado a la red hospitalaria o al fortalecimiento de la educación pública en los municipios del sur del departamento. El impacto social se traduce en una desconfianza sistémica hacia la ejecución de las grandes obras públicas, donde la percepción de que el dinero de los impuestos se diluye en imprevistos evitables se vuelve una constante difícil de ignorar.
Desde las oficinas de la administración departamental, el reconocimiento de estos vacíos documentales ha llegado como una admisión forzada por la presión de la veeduría ciudadana. Si bien se argumenta que las obras de esta magnitud suelen presentar contingencias, la naturaleza de los errores —centrados en la geotecnia básica— sugiere una ligereza en la supervisión de los contratos de consultoría iniciales. Las voces críticas señalan que la celeridad por inaugurar hitos de cemento no puede pasar por encima de la precisión técnica que exige el manejo de los recursos públicos.
Este episodio se suma a un historial agridulce de megaproyectos en la región Caribe, donde la planeación suele ser el talón de Aquiles de la infraestructura. La historia reciente del país está plagada de ejemplos donde la 'miopía técnica' en la fase de preinversión termina triplicando los costos finales. En el caso de la Gran Vía, el precedente es peligroso: se establece una narrativa donde el contratista y la administración corrigen sobre la marcha, a menudo a costa de un presupuesto departamental que ya se encuentra bajo una presión fiscal considerable.
El futuro de la Gran Vía depende ahora de una vigilancia implacable por parte de los entes de control. La Contraloría y la Procuraduría tienen ante sí el reto de determinar si estas inconsistencias constituyen una falta gravosa por omisión en el deber de planeación. Mientras tanto, la ciudadanía aguarda no solo la culminación de la vía, sino una rendición de cuentas que aclare por qué el departamento debe pagar el precio de estudios que nacieron incompletos. El debate legislativo en la Asamblea Departamental promete ser el próximo escenario donde se diseccionen estos costos, en busca de blindar las futuras fases del proyecto contra la improvisación.
