El horror en el Pacífico: menores se autolesionan como última trinchera ante el reclutamiento forzado

En el corazón del litoral Pacífico colombiano, la infancia ha dejado de ser una etapa de juego y aprendizaje para convertirse en un campo de batalla donde la supervivencia exige sacrificios extremos. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha encendido las alarmas desde el Congreso de la República al exponer una realidad desgarradora: los menores de edad, acorralados por el asedio constante de las estructuras criminales, están recurriendo a la autolesión como un mecanismo desesperado de defensa para no ser reclutados por las filas de la guerra.

El informe 'Buen futuro en el Pacífico colombiano' documenta una tragedia estadística que refleja el colapso del tejido social en Chocó, el Pacífico Medio y el litoral nariñense. Entre 2021 y 2025, el sistema de salud ha registrado 1.533 intentos de suicidio en esta población, una cifra que se traduce en 122 muertes autoinfligidas en apenas cuatro años. Estos datos, más que simples guarismos, son el síntoma de un racismo estructural y una violencia de género que han dejado a la juventud del Pacífico en un estado de indefensión absoluta frente al conflicto armado.

Para las familias de estas regiones, la cotidianidad se ha transformado en un ejercicio de huida constante. La presencia de grupos armados ha provocado un fenómeno de 'comunidades vaciadas', donde los padres, en un intento por salvaguardar la vida de sus hijos, optan por el desplazamiento forzado interno o la migración hacia centros urbanos. El miedo es tan profundo que incluso jóvenes que alcanzan los 28 años prefieren abandonar sus hogares y sus raíces antes que ser instrumentalizados por los fusiles que hoy dictan la ley en sus territorios.

La Defensora Marín fue enfática al señalar que la respuesta institucional ha sido insuficiente ante la magnitud de esta crisis de salud mental. La funcionaria advirtió que el reclutamiento no solo arrebata la libertad de los menores, sino que destruye su psique, obligándolos a tomar decisiones extremas sobre su propio cuerpo como única forma de escapar de una guerra que no les pertenece. Este llamado busca sacudir la inercia del Estado y exigir una intervención que trascienda la retórica y se enfoque en la protección real de los derechos fundamentales.

Este panorama no es un evento aislado, sino la consecuencia de décadas de abandono estatal en una región históricamente marginada. El Pacífico colombiano ha sido el escenario donde convergen las economías ilícitas y la ausencia de oportunidades, creando un caldo de cultivo para que los grupos ilegales impongan su dominio sobre los más vulnerables. La crisis actual es el punto de quiebre de una deuda histórica que el país mantiene con sus comunidades afrodescendientes e indígenas, cuya resiliencia está siendo llevada al límite de la extinción.

El debate ahora se traslada a las altas esferas del poder legislativo, donde se espera que el informe de la Defensoría impulse medidas de choque urgentes. La hoja de ruta exige no solo una presencia militar que garantice la seguridad, sino una inversión social robusta que devuelva la esperanza a una generación que hoy, en lugar de proyectar su futuro, está contando sus cicatrices. La pregunta que queda en el aire es cuántos menores más deberán atentar contra sí mismos antes de que el Estado logre recuperar el control territorial y la dignidad de estas comunidades.