La reciente estampa de calles anegadas y vientos huracanados en la sabana de Bogotá, donde cayeron 45 milímetros de agua en apenas 150 minutos, ha sembrado una falsa sensación de alivio en la ciudadanía. Mientras el país transita por su segunda temporada de lluvias, el espejismo de la normalidad oculta una realidad hidrológica alarmante: Colombia no está superando la crisis climática, sino que se encuentra en una pausa transitoria antes de enfrentar el embate más severo del fenómeno de El Niño en años recientes.
Las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) son contundentes y desmienten cualquier optimismo prematuro. El acumulado de precipitaciones ha sufrido una contracción drástica, registrando un descenso de entre el 50% y el 60% respecto a los promedios históricos para esta época del año. La subdirectora de meteorología, la coronel Carolina Rueda, ha sido enfática al señalar que la atmósfera colombiana está operando bajo una alteración profunda de sus ciclos habituales, donde la humedad es insuficiente para compensar el déficit hídrico acumulado.
Este desajuste climático trasciende los boletines técnicos y se traduce en una vulnerabilidad tangible para el ciudadano de a pie. La disminución de las lluvias no solo afecta la seguridad alimentaria y los precios de la canasta familiar por la presión sobre el sector agropecuario, sino que pone en jaque la estabilidad del suministro de agua potable y la generación de energía eléctrica. La aparente abundancia de octubre es, en realidad, un periodo de gracia que se agota rápidamente ante la inminencia de un verano prolongado y extremo.
Ante este panorama, las autoridades ambientales han elevado el tono de sus advertencias. Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, ha instado a los entes territoriales y a la comunidad a prepararse para un escenario de escasez crítica. Según sus proyecciones, el trimestre comprendido entre diciembre y febrero será el periodo de mayor intensidad del fenómeno, caracterizado por temperaturas récord y una reducción drástica en los caudales de las cuencas hídricas que abastecen a las principales urbes del país.
El precedente es preocupante, pues el fenómeno de El Niño no actúa de manera aislada, sino que exacerba las fragilidades de un territorio con una infraestructura hídrica a menudo insuficiente para gestionar periodos de sequía prolongada. Históricamente, la región Andina y el Caribe han sido los sectores más golpeados por la falta de agua, enfrentando no solo el racionamiento, sino también el incremento en la incidencia de incendios forestales que consumen miles de hectáreas de ecosistemas estratégicos cada año.
El horizonte inmediato exige una gestión rigurosa del recurso hídrico y una pedagogía ciudadana sobre el ahorro extremo. Mientras los debates legislativos se centran en la mitigación de riesgos, la realidad impone una hoja de ruta clara: las decisiones que se tomen en las próximas semanas respecto al almacenamiento y uso eficiente del agua determinarán la capacidad de resiliencia del país frente a un primer trimestre de 2024 que se perfila como uno de los más áridos y desafiantes de la última década.
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