El horror que desgarra a San Bernardo: el asesinato de Blanca Emery Pardo

La tranquilidad de la vereda Plazuelas, en el municipio de San Bernardo, Nariño, se quebró de manera irreversible el pasado martes cuando la cotidianidad de Blanca Emery Pardo, una campesina de 72 años, fue cercenada por la barbarie. Lo que debió ser una tarde apacible en el campo se transformó en una escena de horror indescriptible: su hija la encontró en estado de shock, despojada de sus ropas y con huellas evidentes de una violencia atroz. El hallazgo, ocurrido al caer la tarde, no solo marcó el inicio de un duelo familiar, sino que ha sacudido los cimientos de una comunidad que hoy observa con estupor cómo la crueldad ha tocado a su puerta.

El diagnóstico médico posterior, entregado por especialistas en Pasto, confirmó los temores más oscuros de la familia: la mujer presentaba signos inequívocos de abuso sexual, un agravante que transforma el caso en un símbolo de la sevicia contra los más vulnerables. Blanca, quien se recuperaba de una fractura en el brazo tras una caída reciente, era una mujer forjada en el trabajo diario, dedicada a la elaboración de quesos artesanales que distribuía entre sus vecinos. A pesar de la insistencia de sus seis hijos para que guardara reposo, su espíritu laborioso le impedía permanecer inactiva, convirtiendo su hogar en un espacio de servicio que terminó siendo el escenario de su calvario.

El impacto de este crimen trasciende la tragedia individual y se instala como una herida abierta en el tejido social de la región. Para los habitantes de San Bernardo, la muerte de doña Blanca no es solo la pérdida de una vecina ejemplar, sino la confirmación de una inseguridad que acecha en los rincones más apartados del país. La indignación ciudadana crece ante la ausencia de capturas, alimentando un sentimiento de desamparo que se replica en miles de hogares rurales donde la presencia del Estado es, a menudo, una promesa incumplida frente a la violencia desbordada.

Jenny Pulido, quien reside en Bogotá y mantenía con su madre el vínculo inquebrantable de las promesas futuras —como el reencuentro planeado para diciembre tras su reciente visita al santuario de Las Lajas—, ha alzado su voz con una mezcla de dolor y exigencia. 'Nunca hemos visto algo así', repite con la voz quebrada, mientras cuestiona la inacción de las autoridades frente a un agresor que, hasta el momento, permanece en libertad. Sus palabras son un grito de auxilio que busca movilizar a la opinión pública y presionar a los entes investigadores para que el caso no se pierda en el archivo de la impunidad.

Este episodio se suma a una preocupante estadística de violencia de género y contra adultos mayores en el departamento de Nariño, una región que ha sido históricamente golpeada por el conflicto y la desprotección. La vulnerabilidad de las mujeres campesinas, a menudo invisibilizadas en las cifras de criminalidad, exige una revisión profunda de las rutas de atención y protección en zonas rurales. El caso de Blanca Emery Pardo no es un hecho aislado, sino el reflejo de una deuda histórica que el Estado tiene con la seguridad de sus ciudadanos en el campo, donde la justicia suele llegar tarde o, peor aún, no llegar nunca.

El futuro inmediato del caso depende ahora de la celeridad de la Fiscalía General de la Nación y la capacidad de las autoridades locales para recolectar pruebas que permitan identificar y judicializar al responsable. Mientras la familia se prepara para enfrentar el proceso judicial, la comunidad de San Bernardo ha convocado a actos de rechazo y movilizaciones para exigir que el crimen de doña Blanca no quede en el olvido. La sociedad colombiana, atenta al desenlace, aguarda una respuesta institucional que devuelva, al menos, un ápice de dignidad a la memoria de una mujer que solo conocía el trabajo y la bondad.