El ocaso de Santiago Peña: Paraguay gira el timón bajo la sombra del colapso financiero

La capital paraguaya amaneció este viernes bajo el peso de una metamorfosis política tan abrupta como inevitable. En una sesión que quedará grabada en los anales de la democracia guaraní, el Congreso Nacional selló el destino de Santiago Peña, cuya presidencia sucumbió ante el estrépito de un escándalo financiero que desbordó los pasillos del Palacio de López para golpear directamente el bolsillo de la ciudadanía. Pedro Alliana, hasta hace poco la sombra vicepresidencial, emerge ahora como el encargado de timonear un país que observa, entre el asombro y la indignación, cómo el poder ejecutivo se desmorona bajo el peso de sus propios vínculos corporativos y una gestión empañada por el conflicto de intereses.

El epicentro del sismo se localiza en las oficinas del Ueno Bank, una entidad que, bajo la administración de Peña, se convirtió en el receptáculo de millonarios depósitos estatales antes de ser intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP). La caída de la institución no es una cifra menor: 2,94 millones de clientes, una masa crítica de ahorradores que hoy enfrentan la parálisis total de sus activos. La gravedad del asunto escala al ámbito de la seguridad social, pues los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), el pulmón de las pensiones paraguayas, permanecen congelados desde el pasado martes, configurando un escenario de insolvencia técnica que precipitó el juicio político y la posterior condena en ausencia del mandatario saliente por sus nexos directos con la entidad privada.

En las calles de Asunción y en los departamentos del interior, la crisis ha dejado de ser un debate legislativo para transformarse en una angustia cotidiana. Para el paraguayo de a pie, la caída de Peña no es solo un cambio de retrato en las oficinas públicas, sino la incertidumbre de no saber si sus ahorros de vida o sus futuras jubilaciones han sido devorados por la mala praxis gubernamental. El impacto económico amenaza con frenar el consumo y generar un efecto dominó en el sistema financiero, mientras las sucursales bancarias permanecen custodiadas y el clamor por la devolución de los fondos se convierte en la principal exigencia de una sociedad civil que se siente traicionada por su élite política.

El desenlace fue cinematográfico y contundente. Mientras el Congreso declaraba la culpabilidad de Peña por los beneficios irregulares otorgados a Ueno Bank, las fuerzas de seguridad rodeaban su residencia privada en la capital. El ahora exmandatario fue detenido sin ofrecer resistencia, marcando un hito judicial en la región al ver a un jefe de Estado pasar del solio presidencial a la custodia policial en cuestión de horas. Por su parte, Pedro Alliana, al jurar como nuevo jefe de Estado, asume el compromiso de completar el mandato hasta agosto de 2028, en un intento desesperado por restaurar la institucionalidad y calmar los mercados que reaccionan con volatilidad ante el vacío de poder.

Este episodio no es un hecho aislado, sino el síntoma de una tensión histórica en Paraguay entre el ejercicio del poder y los intereses de los conglomerados económicos. El Cono Sur observa con atención este proceso, que recuerda las fragilidades institucionales que han marcado la historia reciente del continente. La caída de Peña evoca precedentes de juicios políticos exprés, pero con el agravante técnico de una crisis bancaria que pone a prueba la solidez del Banco Central y la capacidad de respuesta del Estado ante la captura de rentas públicas por parte de entidades privadas vinculadas al círculo íntimo del presidente, un esquema que la justicia ahora intenta desmantelar.

El horizonte para la administración de Alliana se presenta minado de desafíos legales y económicos de gran calado. El primer gran reto será la liquidación o rescate de Ueno Bank y la liberación de los fondos del IPS, una operación que requerirá de una pericia técnica sin precedentes para evitar un pánico bancario mayor que termine por hundir la moneda nacional. En el ámbito judicial, el proceso contra Santiago Peña apenas comienza, con audiencias que prometen revelar la profundidad de la red de influencias que operaba desde la presidencia. Paraguay se encamina hacia un periodo de transición forzada donde la transparencia dejará de ser una promesa de campaña para convertirse en la única vía de supervivencia para el nuevo Gobierno.