Bajo la lupa de la Procuraduría: investigan a dos exdirectores de la Aerocivil por millonario contrato en 18 aeropuertos

La sombra de las presuntas irregularidades administrativas vuelve a posarse sobre la cúpula de la Aeronáutica Civil. La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente investigación disciplinaria en contra de dos de sus antiguos directores, José Henry Pinto Rodríguez y Luis Alfonso Martínez Chimenty, tras advertir serias inconsistencias en la ejecución del contrato destinado a poner en servicio el Sistema de Conmutación y Control de Voz (VSC) en 18 aeropuertos del territorio colombiano.

El expediente indaga las decisiones contractuales, técnicas y presupuestales adoptadas durante la gestión de ambos exfuncionarios, quienes tuvieron a su cargo vigilar la correcta instalación e interoperabilidad de esta tecnología estratégica. El sistema VSC representa el cerebro de las telecomunicaciones aeronáuticas: articula en tiempo real las frecuencias de radio, las líneas telefónicas de emergencia y los canales de enlace entre los controladores aéreos y las tripulaciones comerciales. De acuerdo con las pesquisas preliminares del órgano de control, la puesta a punto de estos equipos habría sufrido dilaciones injustificadas y fallas en la supervisión de las obligaciones pactadas.

Lejos de ser un debate meramente burocrático de anaquel, las deficiencias en la implementación del VSC tocan de manera sensible la seguridad operacional y la certidumbre de los millones de pasajeros que transitan anualmente por las terminales del país. Cuando los canales de comunicación sufren interrupciones o aplazamientos en su modernización, el tráfico aéreo se ve forzado a operar con contingencias operativas, lo que suele derivar en demoras acumuladas, demérito del servicio y una zozobra latente sobre la fiabilidad técnica del espacio aéreo nacional.

En la providencia emitida por el Ministerio Público, se dispuso la práctica de pruebas documentales y técnicas orientadas a verificar si hubo omisión en el deber de control, extralimitación de funciones o afectación sustancial a los principios rectores de la contratación estatal. Desde los despachos de control disciplinario se enfatizó en la necesidad de esclarecer si las actuaciones de Pinto Rodríguez y Martínez Chimenty configuran faltas gravísimas o si, por el contrario, mediaron circunstancias sobrevinientes que eximan a los exdirectivos de responsabilidad.

La investigación se enmarca en un historial complejo para la Aerocivil, una entidad que en la última década ha enfrentado recurrentes cuestionamientos por parte de la Contraloría y agremiaciones sindicales de controladores debido a la obsolescencia de radares, el rezago en tecnología aeronáutica y la opacidad en licitaciones millonarias. Las terminales aéreas de la región Caribe y de las zonas periféricas del país han padecido con particular agudeza las brechas de equipamiento técnico frente a los estándares internacionales exigidos por la OACI.

El proceso entra ahora en una etapa probatoria determinante en la que los investigados podrán rendir versión libre y aportar los descargos correspondientes. De hallarse mérito probatorio en las pesquisas, los dos exdirectores podrían afrontar pliego de cargos con sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la inhabilidad general para ejercer cargos públicos, mientras la ciudadanía aguarda respuestas claras sobre el destino de los dineros destinados a custodiar los cielos de Colombia.