La Procuraduría estrecha el cerco sobre el entorno de la Primera Dama por señalamientos sobre uso de aviones oficiales

Las grietas en el círculo más íntimo del poder presidencial han dejado de ser meros murmullos de pasillo para convertirse en un expediente formal de alto calibre en los estrados de control disciplinario. La Procuraduría General de la Nación ha dado un paso determinante al citar a declarar a la ciudadana española Eva Ferrer y a Angie Rodríguez, en el marco de las explosivas denuncias que salpican directamente a la primera dama, Verónica Alcocer. El hecho, que sacude el panorama político desde las sedes institucionales en Bogotá hasta la Costa Caribe, sitúa bajo la lupa pública la integridad en el uso de los recursos estratégicos de la Nación.

El expediente disciplinario toma forma tras las aseveraciones atribuidas a Ferrer —exasesora de despacho y otrora una de las confidentes más estrechas de la familia presidencial—, quien habría señalado el uso no autorizado de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para el traslado de sustancias ilícitas con destino a la República Bolivariana de Venezuela. Ante la gravedad técnica y legal que reviste tal acusación, el órgano de control emitió la orden de comparecencia juramentada para que ambas testigos precisen fechas, bitácoras de vuelo, planes de ruta y nombres de las tripulaciones que habrían abordado dichas misiones institucionales.

Más allá del estrépito político, el caso impacta directo en el corazón de la institucionalidad militar y en la confianza ciudadana sobre el manejo del erario. Las aeronaves oficiales, destinadas por mandato constitucional al servicio de la soberanía y la seguridad nacional, se ven envueltas en un relato de sospechas que exige absoluta claridad procesal. Para la opinión pública y los sectores de veeduría ciudadana, el asunto trasciende la esfera personal de la familia presidencial para convertirse en una prueba de fuego sobre la fiscalización de los privilegios del poder público.

Desde los estrados del Ministerio Público se enfatiza que la diligencia busca corroborar si existen méritos probatorios para la apertura de una investigación disciplinaria formal contra servidores públicos por omisión o extralimitación de funciones. Mientras la Casa de Nariño mantiene una rigurosa reserva frente al requerimiento, fuentes cercanas al entorno legal del Ejecutivo sugieren que se aportarán los libros de vuelo y manifiestos de pasajeros requeridos por los investigadores para desestimar categóricamente los seudoseñalamientos.

Este choque procesal representa el clímax de la fractura irreparable entre Alcocer y Ferrer, un vínculo personal y político que comenzó con el nombramiento de la ciudadana española en altos cargos de cooperación internacional y derivó en un sonado distanciamiento gubernamental. Antecedentes de controversias previas por comisiones de servicios en el exterior y comitivas presidenciales cobran hoy un matiz distinto ante los entes de control, reavivando históricos debates sobre el rol legal y las prerrogativas de la figura de la Primera Dama en Colombia.

Las comparecencias agendadas por la Procuraduría marcarán el ritmo de una agenda judicial que promete mantener en vilo al estamento político en las próximas semanas. De ratificarse las versiones en las diligencias oficiales, el caso podría compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia penal militar, abriendo un capítulo de impredecibles consecuencias para la administración pública y el equilibrio institucional del país.