Entre los escombros y la trampa burocrática: la Procuraduría urge auxilio inmediato para damnificados en Cali

Cuando la tierra rugió bajo el asfalto de Cali, el miedo fracturó muros y techos en cuestión de segundos, pero fue el paso de los días el que terminó por resquebrajar las esperanzas de la comunidad. Hoy, mientras los escombros siguen apilados en varios sectores neurálgicos de la capital vallecaucana, el clamor ciudadano choca contra la pared de la desidia estatal. La Procuraduría General de la Nación debió encender las alarmas nacionales al constatar que un grueso sector de la población damnificada por el reciente sismo aún no ha recibido un solo paquete de ayuda humanitaria ni el acompañamiento institucional básico para emprender la recuperación.

El informe preventivo elaborado por el órgano de control alumbra cifras preocupantes sobre la parálisis institucional. Cientos de núcleos familiares continúan al margen del Registro Único de Damnificados (RUD), frenados por inconsistencias del censo local, fallas en la plataforma digital de carga de datos y trámites extenuantes que desbordan la capacidad de respuesta de los afectados. Los técnicos de la Procuraduría documentaron que la falta de evaluaciones estructurales oportunas sobre predios en riesgo alto mantiene a decenas de viviendas al borde del colapso total, sin que las autoridades locales o la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hayan ejecutado las transferencias económicas de arrendamiento temporal decretadas para la emergencia.

Para los habitantes de laderas y barrios populares como Siloé o Terrón Colorado, la espera se traduce en noches de zozobra bajo plásticos provisionales o en el hacinamiento forzado en casas de familiares. Familias compuestas por adultos mayores, niños y personas con discapacidad enfrentan hoy la disyuntiva de pernoctar bajo estructuras declaradas inviables o pagar alquileres inaccesibles con sus pauperizados ingresos. La interrupción de servicios públicos esenciales en los predios averiados y la paralización del comercio de vecindario han dinamitado la economía familiar, agravando una vulnerabilidad social que la respuesta gubernamental debió mitigar en las primeras horas posteriores al evento telúrico.

Frente a este severo panorama, la Procuraduría hizo un requerimiento formal y perentorio a la Alcaldía de Santiago de Cali y a la dirección de la UNGRD para que presenten, en un término no superior a cinco días, un cronograma unificado de entrega de socorro e inspección técnica. 'No es admisible que la tramitología se convierta en un segundo desastre para las víctimas. La asistencia humanitaria es un derecho fundamental irrenunciable y exige una actuación administrativa guiada por la celeridad y la empatía', señaló tajantemente la comisión delegada para la gestión del riesgo, advirtiendo que el incumplimiento desencadenará investigaciones disciplinarias inmediatas.

Esta falla en la cadena de auxilio pone de presente un mal sistémico que ha lastrado históricamente la atención de desastres en Colombia: la brecha abismal entre la formulación de decretos de emergencia en los despachos oficiales y su materialización efectiva en el territorio. Ya se observaron patrones similares de lentitud tras la tragedia invernal en el Caribe o las recurrentes emergencias en la cuenca del Cauca, donde la duplicidad de funciones entre los organismos nacionales y los entes territoriales termina diluyendo las responsabilidades mientras el ciudadano común asume la peor parte de la crisis.

El expediente abierto por el Ministerio Público se mantendrá en vigilancia superior mientras se adelantan las mesas de seguimiento técnico articuladas con los líderes comunitarios de las zonas afectadas. La ciudadanía caleña exige que las promesas de reconstrucción no se disipen con el cambio del ciclo noticioso; el verdadero examen de la gestión de riesgos en el país se mide hoy en las calles de Cali, donde restablecer el techo, el sustento y la dignidad de los damnificados es una urgencia humanitaria que no da más espera.