Cuentas opacas en Valledupar: pliego de cargos al exalcalde Mello Castro por omitir su declaración de bienes

En el corazón del Cesar, donde la confianza ciudadana hacia la gestión pública ha atravesado severos cuestionamientos en el último lustro, el Ministerio Público asestó un severo llamado de atención a la clase política local. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Valledupar, Mello Castro González, tras detectar la omisión deliberada o negligente en el reporte de sus estados patrimoniales durante los últimos dos años de su periodo de gobierno.

El expediente disciplinario gravita sobre la presunta inobservancia de la Ley 2013 de 2019, la cual obliga a los altos dignatarios del Estado a publicar de forma transparente sus bienes, rentas e intereses económicos. Según la investigación del órgano de control, Castro González no presentó dentro de los términos de ley sus declaraciones juramentadas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2022 y 2023. Esta falencia es catalogada preliminarmente como una falta grave, al privar al tesoro público y a la ciudadanía de verificar la evolución del patrimonio del primer mandatario mientras fungía como ordenador del gasto municipal.

Para la comunidad de la capital vallenata, el asunto trasciende el mero trámite administrativo o la discusión procesal. La opacidad en la rendición de cuentas de la máxima autoridad local socava la legitimidad de las instituciones en una ciudad castigada por el desempleo y las falencias en la infraestructura pública. Al cercenar la posibilidad de contrastar la evolución financiera del exalcalde, se quebranta el principio de máxima publicidad que debe regir en la administración del erario público.

Desde el edificio del Ministerio Público se enfatizó que el cumplimiento de esta obligación legal no constituye un requisito formal optativo, sino el valladar ético de la función administrativa. Por su parte, el entorno del exmandatario alista los recursos de defensa para argumentar supuestos fallos informáticos en el aplicativo oficial del Estado o extemporaneidades subsanables, mientras diversos colectivos de veeduría ciudadana en el Cesar exigen que la investigación avance con celeridad para evitar la impunidad.

Este nuevo capítulo judicial reaviva los históricos vientos de escepticismo que soplan en la región Caribe respecto a la gestión fiscal de sus gobernantes. Valledupar ha sido escenario recurrente de indagaciones disciplinarias y penales contra exservidores públicos por inconsistencias en la contratación y falta de publicidad en los actos de gobierno. La decisión contra Castro González se suma a una serie de actuaciones de control encaminadas a combatir las prácticas de opacidad en la administración pública.

Con la notificación formal de la formulación de cargos, se abre la etapa probatoria en la que el exmandatario dispondrá de diez días hábiles para rendir descargos y solicitar las pruebas que considere pertinentes. De llegar a comprobarse la responsabilidad disciplinaria, Castro González podría encarar sanciones que van desde la suspensión e inhabilitación especial para ejercer funciones públicas hasta cuantiosas multas, dejando una firme advertencia a los actuales mandatarios locales.