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El colapso del poder en Asunción: Santiago Peña es destituido por el Senado y arrestado en su residencia

Tras el estrepitoso desplome de Ueno bank, la Fiscalía ordenó la detención inmediata del exmandatario paraguayo. La sacudida institucional reabre las heridas de la inestabilidad política en la nación suramericana.

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El colapso del poder en Asunción: Santiago Peña es destituido por el Senado y arrestado en su residencia
Fotografía informativa. Foto: Archivo / Redacción Sucesos.

En cuestión de horas, el palacio de Mburuvicha Róga dejó de ser el bastión del poder ejecutivo para convertirse en la escena de un desplome político fulminante. La Policía Nacional de Paraguay confirmó la tarde de este viernes la detención oficial del expresidente Santiago Peña dentro de su propia residencia en Asunción, minutos después de que el Senado ratificara su destitución tajante mediante un juicio político relámpago. El vertiginoso desenlace clausura de forma intempestiva un mandato sofocado por la sombra del patronazgo y sitúa al país en una encrucijada institucional sin precedentes recientes en el Cono Sur.

El catalizador de este sismo fue la intervención y posterior liquidación de Ueno bank, una entidad financiera cuyas complejas ramificaciones rozaban directamente la esfera íntima del ejecutivo nacional. Tras desvelarse presuntas maniobras de desvío de capitales, favorecimiento ilícito y complicidad en el blanqueo de activos que comprometían la estabilidad del sistema bancario paraguayo, la Fiscalía General emitió una orden de captura que la fuerza pública ejecutó sin resistencia. Con una votación abrumadora que superó las dos terceras partes requeridas por la Constitución, la Cámara Alta declaró culpable a Peña por mal desempeño de sus funciones, despejando de inmediato la inmunidad soberana que impedía su procesamiento penal.

En las avenidas de Asunción y en las principales cabeceras departamentales como Ciudad del Este, la zozobra se tradujo en largas filas frente a las entidades bancarias y una parálisis parcial en la actividad comercial. La desconfianza ciudadana, avivada por el temor a un efecto dominó sobre los ahorros de la clase media y el sector productivo, obligó al Banco Central de Paraguay a emitir comunicados de emergencia garantizando la fluidez de los depósitos. La conmoción trasciende la quiebra de una firma corporativa: para millones de paraguayos, la caída de Peña representa el síntoma palpable de un modelo político incapaz de blindar las arcas públicas ante el beneficio corporativo.

"La captura del ciudadano Santiago Peña responde al estricto cumplimiento de la legalidad tras la pérdida de sus fueros republicanos; no habrá impunidad ni distinciones de rango en la salvaguarda de la fe pública", aseveró el vocero de la Policía Nacional durante una rueda de prensa de urgencia frente a la comandancia. Por su parte, la defensa técnica del exmandatario denunció que el juicio político careció de las garantías del debido proceso y tildó el procedimiento de "linchamiento parlamentario gestado por facciones rivales". Entre tanto, líderes de las bancadas opositoras en el Congreso celebraron el fallo como un acto supremo de sanación institucional para la democracia paraguaya.

El traumático relevo evoca inevitablemente los fantasmas de la crisis de 2012, cuando el entonces presidente Fernando Lugo fue defenestrado en un juicio político sumario que convulsionó al MERCOSUR y dejó huellas profundas en la cultura política local. La paradoja actual reside en que Peña, un economista de perfil técnico catapultado a la presidencia bajo la hegemonía del histórico Partido Colorado, sucumbió no solo a la presión de la oposición, sino al resquebrajamiento interno de su propia colectividad. La fractura entre las corrientes hegemónicas del coloradismo vuelve a demostrar que la gobernabilidad en Paraguay depende de un delicado equilibrio que ningún mandatario puede romper impunemente.

Con Peña bajo custodia domiciliaria severa a la espera de su imputación formal por delitos de corrupción pública y fraude financiero, el Poder Judicial asume la tarea de conducir un proceso penal con la mirada atenta de observadores internacionales. Mientras la vicepresidencia asume la magistratura interina conforme al mandato constitucional para garantizar la transición, el Congreso se alista para nombrar comisiones especiales de auditoría sobre el sistema bancario. Las próximas semanas serán determinantes para medir si el andamiaje institucional de Paraguay logra restablecer la certidumbre económica o si esta crisis derivará en una reconfiguración definitiva del mapa político nacional.

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