La sombra de las AUC en la campaña presidencial: Procuraduría abre fuego contra Benedetti y Rodríguez

La arquitectura del poder en Colombia vuelve a ser sacudida por los fantasmas de un pasado que se resiste a ser enterrado. La Procuraduría General de la Nación ha formalizado una investigación disciplinaria contra el exministro Armando Benedetti y la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, tras revelarse un supuesto plan para vincular a figuras de la oposición con estructuras paramilitares durante la efervescencia de la campaña presidencial de 2025. Este movimiento del ente de control no solo cuestiona la ética de los funcionarios, sino que arroja un manto de duda sobre la transparencia de los diálogos de paz y la integridad del proceso democrático más reciente del país.

El auto de la Sala Disciplinaria de Instrucción, suscrito por la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco, marca el inicio de una fase probatoria exhaustiva. El expediente se nutre de las declaraciones públicas que Rodríguez ofreció en agosto de 2026, donde desveló que, en el marco de las conversaciones con exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se habría orquestado una estrategia para que estos actores armados lanzaran acusaciones contra líderes políticos. La justicia busca determinar ahora si estas maniobras constituyeron una desviación de poder o una falta disciplinaria grave que vulneró los principios de neutralidad estatal.

Para la ciudadanía, esta noticia trasciende el ámbito de los estrados judiciales y se instala en el corazón de la desconfianza institucional. La posibilidad de que el aparato del Estado fuera utilizado para manipular la opinión pública mediante la instrumentalización de criminales de lesa humanidad genera un profundo malestar social. En un país donde la memoria del conflicto es una herida abierta, la idea de que los diálogos de paz pudieran ser convertidos en un arma de guerra sucia electoral erosiona la legitimidad de las instituciones y fractura aún más el tejido político nacional.

Desde el ala política, las reacciones han sido de una cautela tensa. Mientras el entorno de Armando Benedetti ha optado por el silencio estratégico, fuentes cercanas a la defensa sugieren que las actuaciones se enmarcaron en la búsqueda de la verdad histórica dentro de los procesos de paz. Por su parte, la Procuraduría ha sido enfática en que no permitirá que los espacios de diálogo sean escenarios para el chantaje político, advirtiendo que cualquier desvío de los fines misionales será sancionado con el rigor que la ley exige para los altos dignatarios del Estado.

Este caso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una larga y oscura tradición de la política regional y nacional, donde la frontera entre la legalidad y la parapolítica ha sido históricamente difusa. El Caribe colombiano, epicentro de las mayores atrocidades del paramilitarismo, observa con especial atención este proceso, recordando cómo en décadas pasadas la alianza entre fusiles y urnas desmanteló la democracia local. La investigación actual evoca los peores temores de una sociedad que, tras años de esfuerzos por la reconciliación, se ve enfrentada a la sospecha de que las viejas prácticas de intimidación han mutado hacia nuevas formas de coacción.

El futuro inmediato de este proceso dependerá de la solidez de las pruebas que la Procuraduría logre recaudar en las próximas semanas. Se espera que en los próximos días sean citados a declarar exjefes paramilitares y funcionarios de alto nivel que habrían tenido conocimiento de las reuniones en cuestión. El desenlace de esta investigación no solo definirá el futuro profesional de Benedetti y Rodríguez, sino que servirá como un termómetro para medir la capacidad del Estado colombiano de depurar sus propias filas y garantizar que la verdad, y no la estrategia electoral, sea el eje rector de la paz nacional.