El destino del agua en Santurbán: la Procuraduría exige rigor científico y frenar la improvisación ambiental

La suerte del ecosistema de alta montaña más emblemático del oriente colombiano vuelve a estar sobre la mesa institucional bajo la exigencia de definiciones de fondo. La Procuraduría General de la Nación elevó una vehemente advertencia al Gobierno Nacional para que las decisiones referidas a la delimitación y protección del Páramo de Santurbán se adopten sobre bases estrictamente científicas, alejadas de la improvisación y garantizando una participación comunitaria efectiva. En juego no solo está un tesoro biológico de más de 140.000 hectáreas, sino la seguridad hídrica de más de dos millones de personas en los departamentos de Santander y Norte de Santander.

El ente de control instó formalmente a las autoridades ambientales, en particular al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a presentar la cartografía técnica y los estudios hidrogeológicos consolidados que deben dar sustento al nuevo esquema de protección. El proceso, que arrastra años de rezago administrativo tras fallos judiciales que ordenaron concertar con el territorio, requiere delimitar con precisión milimétrica las zonas de recarga de acuíferos frente a las áreas de vocación agrícola y tradicional. Según la Procuraduría, cualquier vacío técnico en las poligonales expone al ecosistema al avance descontrolado de la minería ilegal y fragmenta la certidumbre jurídica de la región.

Para los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y los municipios de la provincia de Soto Norte, el debate por Santurbán trasciende los folios administrativos: representa la garantía cotidiana de que el agua seguirá brotando de las grifos de sus hogares y cultivos. La incertidumbre normativa actual ha paralizado proyectos productivos sostenibles y mantiene en un limbo económico a cientos de familias campesinas. La preservación de este complejo de alta montaña resulta vital para la estabilidad hídrica de la que dependen la agricultura regional, las microcuencas urbanas y el desarrollo socioeconómico del nororiente del país.

Desde el órgano de control se enfatizó que el Ministerio de Ambiente debe actuar con coherencia entre sus lineamientos de transición ecológica y la ejecución normativa en el territorio. La Procuraduría requirió que las mesas de trabajo con los líderes locales y asociaciones comunitarias no se conviertan en meros trámites de socialización, sino en espacios democráticos donde la visión de los pobladores sea incorporada de manera vinculante en la redacción de los decretos de delimitación.

Esta intervención fiscalizadora se produce en un escenario histórico complejo, marcado por el antecedente de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, providencia que tumbó la delimitación previa por falta de una consulta ciudadana genuina e informada. A lo largo de los últimos años, el avance en la concertación ha sido lento y espinoso, atravesado por el constante choque entre las prioridades de conservación estricta, la supervivencia de la minería artesanal ancestral en municipios como Vetas y California, y la presión de grandes proyectos extractivos.

Ante la gravedad del panorama, la Procuraduría anunció un seguimiento preventivo y prioritario sobre las próximas audiencias y decisiones definitivas que adopte la autoridad ambiental. El Ministerio Público dejó claro que recurrirá a las acciones legales y disciplinarias correspondientes si se mantienen las dilaciones o si se pretenden imponer límites geográficos carentes de rigor científico, reiterando que la protección de la fábrica de agua más importante del oriente colombiano es una obligación estatal impostergable.