La reforma rural, en la encrucijada: el pulso por la veeduría internacional

En los pasillos del poder en Bogotá, la reciente intención del Gobierno Nacional de sustraer la reforma rural integral de la lupa de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas ha encendido las alarmas de la institucionalidad. Lo que en principio se presentó como un ajuste técnico en los protocolos de seguimiento, ha sido interpretado por diversos sectores como un intento de debilitar el control sobre uno de los pilares más ambiciosos y, a la vez, más rezagados del Acuerdo de Paz de 2016.

El punto de discordia radica en la interpretación del alcance del mandato de la ONU. Mientras el Ejecutivo argumenta que la verificación debe centrarse exclusivamente en la reincorporación política y social de los exguerrilleros, los críticos señalan que el Punto 1 del Acuerdo —la Reforma Rural Integral— es el motor de la transformación territorial. Según cifras de la Agencia de Desarrollo Rural, la brecha en la adjudicación de tierras y la formalización de la propiedad sigue siendo una deuda que supera el 60% de las metas proyectadas para este cuatrienio, una realidad que, sin el escrutinio internacional, corre el riesgo de quedar relegada a la opacidad administrativa.

Para el campesinado colombiano, que ha visto cómo la violencia se recicla en los territorios por la falta de oportunidades y la ausencia de una reforma agraria efectiva, esta decisión no es un asunto burocrático, sino una afrenta a su seguridad jurídica. La exclusión de la ONU enviaría un mensaje de desprotección a las comunidades rurales, que dependen de la veeduría externa para que los proyectos productivos y la infraestructura vial no se pierdan en el laberinto de la corrupción local o la negligencia estatal.

Ante este panorama, un grupo de exministros de Estado ha alzado su voz con contundencia, calificando la propuesta como un retroceso peligroso. 'La reforma rural no es un beneficio para los excombatientes, es una deuda histórica con el campesinado colombiano que requiere garantías de transparencia internacional', sentenciaron en un comunicado conjunto. Por su parte, fuentes de la Cancillería han intentado matizar la postura, asegurando que el Estado colombiano posee la capacidad técnica necesaria para liderar la implementación sin necesidad de una supervisión externa constante en este frente específico.

Este debate no es un hecho aislado, sino la continuación de una tensión histórica en la región Caribe y el resto del país sobre quién debe tutelar la paz. Históricamente, el campo ha sido el escenario donde la ausencia del Estado ha permitido el florecimiento de economías ilícitas y el control de grupos armados ilegales. La veeduría de la ONU ha servido, hasta ahora, como un dique de contención que ha evitado que los compromisos de transformación territorial se diluyan en la retórica política, un precedente que los analistas consideran vital preservar en un contexto de creciente inseguridad rural.

El futuro de esta propuesta se definirá en las próximas semanas, cuando se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU evalúe la renovación del mandato de la Misión en Colombia. La comunidad internacional observa con cautela, consciente de que cualquier modificación en los términos de la verificación podría sentar un precedente negativo para otros procesos de paz en el mundo. Mientras tanto, en el Congreso de la República, ya se gestan debates de control político que prometen elevar el tono de la discusión, exigiendo que la reforma rural, lejos de ser aislada, sea el centro de una política de Estado blindada por la transparencia global.