La memoria en disputa: el pulso en el Concejo de Bogotá por el nombre de los colegios públicos

En los pasillos del Concejo de Bogotá ha comenzado a gestarse una controversia que trasciende la nomenclatura urbana para tocar las fibras más sensibles de la memoria histórica nacional. El proyecto de acuerdo presentado este lunes por el cabildante Julián Uscátegui propone un veto explícito: que ninguna institución educativa, biblioteca o aula de clase del Distrito pueda ostentar el nombre de personas vinculadas a grupos armados al margen de la ley, una medida que busca depurar el santoral cívico de los colegios públicos de la capital.

La iniciativa, que ya reposa en la agenda legislativa del Distrito, es taxativa en su alcance. El articulado pretende prohibir que los planteles educativos lleven el nombre de exintegrantes de las FARC, el ELN, el M-19, estructuras paramilitares o cualquier organización dedicada al narcotráfico. El caso de Carlos Pizarro Leongómez, cuyo nombre ha sido objeto de intensos debates en la esfera pública, se erige como el eje central de esta propuesta, que además exige una auditoría detallada de las denominaciones actuales y un protocolo de sustitución que contemple la participación activa de la comunidad educativa.

Para los padres de familia y docentes, la propuesta plantea un dilema ético sobre la neutralidad de los espacios de formación. Mientras algunos sectores ven en esta medida una salvaguarda contra la apología del delito y la violencia, otros advierten sobre el riesgo de un revisionismo histórico que pretenda borrar las complejidades del conflicto armado colombiano. La pregunta que subyace es qué valores deben encarnar los nombres que adornan las fachadas donde se construye el futuro ciudadano de Bogotá.

Desde la bancada proponente, el concejal Uscátegui ha sido enfático al señalar que el entorno escolar debe ser un refugio de valores democráticos, ajeno a cualquier figura que haya optado por la vía de las armas. Por su parte, sectores de la oposición y defensores de los acuerdos de paz han calificado la iniciativa como una maniobra de censura que ignora los procesos de reincorporación y la importancia de reconocer la trayectoria de figuras que, tras su paso por la insurgencia, apostaron por la política institucional.

Este debate no es un hecho aislado, sino un eco de las tensiones que han marcado la historia reciente de Colombia, donde la memoria es un campo de batalla constante. La región Caribe, con su propia historia de violencia y resistencia, observa con atención este pulso bogotano, pues la discusión sobre quiénes merecen ser recordados en el espacio público es un fenómeno que ha permeado las plazas y escuelas de todo el país, desde los nombres de los barrios hasta las placas conmemorativas en los parques.

El camino que le espera al proyecto de acuerdo es incierto y promete ser uno de los debates más álgidos del periodo legislativo en el Concejo. La comisión encargada deberá dirimir si es posible establecer criterios objetivos para la designación de nombres sin caer en la estigmatización o el olvido selectivo. La decisión final no solo definirá la identidad de decenas de colegios, sino que sentará un precedente sobre cómo la capital de la República decide narrar su propia historia a las nuevas generaciones.