La identidad como escudo: el Estado salda una deuda histórica con la niñez wayúu en La Guajira

Bajo el sol inclemente de la península, donde la línea entre la supervivencia y el olvido suele ser tan delgada como la arena del desierto, siete mil niños y niñas indígenas han dejado de ser fantasmas ante la ley. La Registraduría Nacional, en un despliegue logístico que desafió las distancias y las barreras culturales de La Guajira, ha materializado el derecho fundamental a la identidad de una población históricamente marginada, marcando un hito en la atención estatal hacia las comunidades wayúu.

Esta jornada de cedulación y registro, que se traduce en la entrega de siete mil documentos de identidad, no es un trámite administrativo menor, sino una respuesta directa al mandato de la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017. Este fallo, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) ante la sistemática vulneración de derechos en la región, exige una intervención estructural para frenar la desnutrición y la mortalidad infantil, flagelos que encuentran en la falta de registro civil una barrera infranqueable para acceder a servicios básicos de salud y educación.

Para las familias de los corregimientos más apartados de Riohacha, Maicao y Manaure, la posesión de este documento representa la diferencia entre la exclusión absoluta y la posibilidad de ser sujetos de derechos. Sin un registro civil, el acceso a los programas de alimentación escolar, los controles de crecimiento y desarrollo, y la atención médica especializada se convertía en una odisea burocrática, condenando a miles de menores a una invisibilidad que agravaba su precaria situación de salud y seguridad alimentaria.

Voceros de la Registraduría señalaron que este esfuerzo ha requerido una articulación sin precedentes con las autoridades tradicionales, respetando la cosmogonía wayúu mientras se garantiza la trazabilidad legal de cada menor. Por su parte, delegados de la Defensoría del Pueblo han enfatizado que, si bien la identificación es un avance tangible, el desafío persiste en la infraestructura hospitalaria y el suministro de agua potable, pilares fundamentales que aún aguardan una solución definitiva por parte del Gobierno Nacional.

La Guajira ha sido, durante décadas, el epicentro de una crisis humanitaria que ha puesto a prueba la capacidad del Estado colombiano para proteger a sus ciudadanos más vulnerables. La historia de este territorio está marcada por la desidia y la falta de presencia institucional, lo que ha convertido a la Sentencia T-302 en el único faro de esperanza para una comunidad que ha visto cómo la desnutrición infantil se ha cobrado vidas que, con una intervención temprana y una identificación oportuna, habrían podido salvarse.

El camino hacia la superación del ECI es aún largo y tortuoso, pero la entrega de estos documentos marca un precedente en la gestión pública regional. La Corte Constitucional mantendrá el seguimiento estricto sobre el cumplimiento de las metas de cobertura, mientras las organizaciones sociales exigen que este acto de identificación sea el preludio de una política pública integral que garantice, más allá del papel, el derecho a una vida digna y con futuro para los niños del desierto.