El Congreso sella el presupuesto más ambicioso de la historia: 4,9 billones entre tensiones y ausencias

La plenaria del Senado de la República se convirtió este miércoles en el escenario de una fractura política sin precedentes, al aprobar en último debate el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, fijado en la histórica suma de 4,9 billones. Mientras el recinto intentaba consolidar la cifra que regirá los destinos financieros del país, la ausencia deliberada de la bancada del Pacto Histórico dejó una silla vacía que resonó con más fuerza que cualquier discurso, evidenciando la profunda crisis de gobernabilidad que atraviesa el Legislativo en la recta final del cuatrienio.

El monto aprobado, que representa un incremento significativo respecto a los ejercicios fiscales anteriores, se desglosa en una compleja arquitectura de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión pública. La celeridad del trámite, que culminó en medio de una atmósfera de tensión parlamentaria, responde a la necesidad de blindar los recursos para los proyectos estratégicos de infraestructura y programas sociales, aunque analistas advierten que la magnitud del presupuesto exige una eficiencia en el recaudo que hoy, ante la desaceleración de ciertos sectores, parece una meta ambiciosa y, para algunos, arriesgada.

Para el ciudadano de a pie, esta cifra se traduce en la promesa —o el riesgo— de los servicios públicos, la infraestructura vial y la inversión en salud y educación que marcarán el 2027. En las calles de ciudades como Barranquilla, donde la inversión nacional es el motor de grandes obras de mitigación y desarrollo, la incertidumbre sobre cómo se traducirán estos billones en bienestar real es palpable. La desconfianza crece ante la posibilidad de que la burocracia absorba gran parte de los recursos, dejando poco margen para el impacto social que las comunidades más vulnerables del Caribe exigen con urgencia.

Desde la oposición, el retiro del Pacto Histórico fue calificado como un acto de coherencia frente a lo que denominan una 'imposición fiscal' que no consulta las realidades de la base popular. Por otro lado, los ponentes de la coalición mayoritaria defendieron la aprobación como un ejercicio de responsabilidad institucional, argumentando que el país no podía permitirse una parálisis presupuestal que condenaría al estancamiento a los sectores productivos. 'El país requiere certezas, no vacíos políticos', sentenció uno de los senadores que lideró la votación, intentando restar peso a la ausencia de los congresistas del oficialismo.

Este episodio se inscribe en una tradición de desencuentros legislativos que ha caracterizado la relación entre el Ejecutivo y el Congreso en los últimos años. El Caribe colombiano, históricamente dependiente de la inversión centralizada para cerrar sus brechas de desigualdad, observa con cautela cómo este presupuesto se convierte en un tablero de ajedrez político. La región, que ha sido testigo de cómo grandes partidas presupuestales se diluyen en la tramitología nacional, teme que la actual polarización termine por sacrificar los proyectos de conectividad y transición energética que son vitales para el progreso del litoral.

El camino a seguir ahora es la sanción presidencial y la posterior reglamentación de los rubros, un proceso que promete ser tan litigioso como su aprobación. La Corte Constitucional podría convertirse en el próximo árbitro de esta contienda, dado que sectores de la oposición ya estudian la viabilidad de demandas por vicios de procedimiento ante la falta de quórum deliberatorio y decisorio durante la ausencia de la bancada de Gobierno. El 2027 se perfila, así, como un año donde la economía nacional no solo deberá lidiar con las variables del mercado, sino con el peso de una legitimidad política que se desdibuja en los pasillos del Capitolio.