El Campín bajo la lupa: Sencia afronta una sanción de .700 millones por el deterioro de su gramilla

La gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, otrora símbolo de orgullo futbolístico, atraviesa hoy una crisis de mantenimiento que ha trascendido el terreno de juego para convertirse en un litigio administrativo de alto calibre. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha puesto en la mira a la empresa Sencia, concesionaria encargada de la administración del recinto, tras constatar que el estado del césped obligó a la suspensión forzosa de encuentros del fútbol profesional colombiano, dejando en evidencia una gestión que, a juicio de las autoridades, roza la negligencia operativa.

El proceso sancionatorio, que podría derivar en multas cercanas a los 4.700 millones de pesos, se fundamenta en los hallazgos de inspecciones técnicas que confirmaron la inviabilidad del campo para albergar competencias de alto nivel. Según detalló el director del IDRD, Daniel García Cañón, la entidad ha activado los protocolos contractuales para determinar la responsabilidad de Sencia frente al deterioro progresivo del terreno. La cronología de los hechos apunta a una serie de fallas en el mantenimiento preventivo que, pese a las advertencias, derivaron en un escenario inhabilitado para el rodaje del balón.

Para el ciudadano de a pie y el hincha, este episodio representa una afrenta directa al espectáculo deportivo y a la economía local. La cancelación de partidos como el Millonarios frente a Once Caldas y el Santa Fe ante Jaguares no solo fracturó el calendario de la Dimayor, sino que golpeó la logística de miles de aficionados, el comercio informal que rodea al estadio y la imagen de Bogotá como sede de eventos de talla internacional. La indignación colectiva ha crecido ante la percepción de que el principal templo del fútbol capitalino ha sido descuidado por quienes tienen la responsabilidad legal de proteger su infraestructura.

Ante el escrutinio público, las autoridades han sido enfáticas en que no habrá margen de tolerancia para el incumplimiento de las obligaciones contractuales. García Cañón ha reiterado que el IDRD se encuentra en la fase de revisión técnica y legal, un paso necesario para blindar la decisión administrativa. Por su parte, la concesionaria Sencia deberá presentar sus descargos en un proceso que determinará si las fallas en el césped son producto de factores climáticos incontrolables o, como sugieren las autoridades, de una omisión deliberada en los protocolos de cuidado y preservación del gramado.

Este conflicto no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una larga historia de tensiones sobre la administración de los escenarios deportivos en Colombia. Históricamente, la gestión privada de estadios públicos ha sido un terreno pantanoso donde los intereses comerciales a menudo chocan con la calidad del servicio público. En el caso de El Campín, la situación actual reabre el debate sobre la idoneidad de los modelos de concesión y la capacidad de vigilancia que el Estado debe ejercer para evitar que el patrimonio deportivo de la nación se degrade por falta de rigor técnico.

El desenlace de esta controversia se definirá en las próximas semanas, cuando se concluya la evaluación contractual y se notifique la resolución definitiva. Mientras el debate legislativo y ciudadano sobre la supervisión de los contratos de concesión cobra fuerza, el IDRD se prepara para una batalla jurídica que marcará un precedente sobre la responsabilidad de los operadores privados. Por ahora, el césped de El Campín permanece bajo una vigilancia estricta, mientras la ciudad aguarda que el rigor administrativo se traduzca en una pronta recuperación del escenario que, por décadas, ha sido el corazón palpitante del fútbol bogotano.