El pragmatismo se impone: Thomas Greg & Sons mantendrá el control de los pasaportes hasta 2027

La incertidumbre que gravitaba sobre los módulos de expedición de documentos en el Palacio de San Carlos y los consulados de Colombia en el exterior ha encontrado, finalmente, un puerto de calma técnica, aunque no exento de controversia política. En un giro que desactiva la amenaza de una parálisis migratoria, el Gobierno Nacional ha decidido retornar a la senda de la continuidad con Thomas Greg & Sons, la firma que ha custodiado la identidad internacional de los colombianos durante décadas. La decisión no es un gesto de cortesía, sino un reconocimiento tácito de que la infraestructura del Estado aún no está lista para asumir el timón de una operación de tal complejidad sin arriesgar el derecho al movimiento de millones de ciudadanos.

El andamiaje legal de esta decisión reposa sobre la Resolución 12973, expedida el 17 de septiembre de 2026, donde se invoca la figura de la urgencia manifiesta para blindar la prestación del servicio. Este mecanismo jurídico permite la contratación directa para evitar que la caducidad del vínculo actual dejara al país en un limbo documental. Con este nuevo cronograma, la multinacional británica asegura su permanencia en la producción y personalización de los pasaportes hasta diciembre de 2027, un plazo que otorga al Ejecutivo un margen de maniobra de quince meses para intentar, una vez más, la esquiva transición hacia un modelo de cooperación entre Estados o una licitación que cumpla con los estándares de seguridad exigidos por la OACI.

Para el ciudadano que aguarda en las filas de la calle 53 en Bogotá o en las sedes diplomáticas de Madrid y Miami, el debate sobre la soberanía en la impresión de documentos es una abstracción frente a la urgencia del sello y el chip. El impacto de esta prórroga es, ante todo, un alivio para la economía de la movilidad: se conjura el fantasma de las citas agotadas y los sobrecostos en el mercado negro de turnos. No obstante, la dependencia de un único proveedor sigue siendo el talón de Aquiles de un sistema que, a pesar de su eficiencia operativa, carece de la pluralidad que exige la transparencia en la contratación pública contemporánea.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la postura ha sido de un realismo frío. Fuentes cercanas al despacho del Canciller admiten que, si bien el objetivo de nacionalizar la producción de documentos sigue en la agenda, los tiempos técnicos no coinciden con las urgencias del calendario. Por su parte, los representantes de Thomas Greg & Sons han mantenido un hermetismo diplomático, limitándose a ratificar su compromiso con la seguridad nacional y la inviolabilidad de los datos biométricos, alejándose del ruido de los litigios millonarios que, hasta hace pocos meses, amenazaban con desangrar las arcas del Estado por concepto de indemnizaciones.

Este capítulo es el último eslabón de una cadena de desencuentros que comenzó con la declaratoria de desierta de la licitación original y el posterior enfrentamiento jurídico entre el ex-canciller y la firma contratista. La historia de los pasaportes en Colombia ha sido, históricamente, la crónica de un monopolio eficiente pero cuestionado por su falta de competencia. Mientras otros países de la región han logrado diversificar sus proveedores o fortalecer sus imprentas nacionales, Colombia parece atrapada en una simbiosis con el sector privado que, por ahora, resulta ser la única garantía de que el escudo nacional siga cruzando fronteras sin contratiempos.

El horizonte de 2027 se perfila ahora como la nueva fecha de caducidad para un debate que el país no puede seguir aplazando. Los próximos pasos implican no solo la ejecución impecable de este contrato de emergencia, sino la estructuración de un pliego de condiciones que no deje espacio a las suspicacias ni a las demandas cruzadas. El Congreso y los entes de control tendrán la lupa puesta sobre esta extensión, mientras la Cancillería intenta construir, a contrarreloj, la capacidad técnica que le permita al Estado colombiano recuperar la autonomía sobre su propia identidad sin sacrificar la eficiencia que hoy, por necesidad, vuelve a quedar en manos privadas.