El alud de la desesperanza en Iscuandé: 12 mujeres perecen bajo la tierra en las entrañas mineras de Nariño

A las ocho y media de la mañana, cuando la bruma matutina aún se disipaba sobre las márgenes del río en Santa Bárbara de Iscuandé, el rugido seco de la tierra sepultó en segundos los sueños y el sustento de decenas de familias en el Pacífico nariñense. Un colapso de grandes proporciones en un yacimiento de oro a cielo abierto transformó una jornada habitual de barequeo en una de las peores tragedias humanas que haya registrado esta convulsa región en los últimos años, dejando un saldo devastador de catorce muertos y siete heridos entre la arcilla y el lodo.

Cerca de treinta trabajadores se encontraban inmersos en la extracción artesanal en el momento exacto en que la ladera cedió sin previo aviso. De las catorce víctimas fatales rescatadas tras angustiosas horas de remoción de escombros por la propia comunidad, doce eran mujeres que alternaban el trabajo del hogar con el laboreo en la cantera. Los informes técnicos preliminares y los organismos de socorro locales confirmaron que las intensas precipitaciones recientes, sumadas a la inestabilidad geotécnica del terreno explotado de manera informal, desencadenaron la masa de tierra sobre el grupo que bateaba en la parte baja del foso.

El impacto de la tragedia retumba con fuerza en las entrañas de Iscuandé, donde la mayoría de las fallecidas eran cabezas de familia y el único sostén económico de hogares golpeados por el histórico abandono estatal. En estos poblados de la ribera del Pacífico, el oro artesanal no es una ambición de riqueza, sino una estrategia de supervivencia diaria para garantizar el alimento en la mesa. La pérdida repentina de estas madres y lideresas comunitarias deja a decenas de niños en la orfandad y sume al municipio en un estado de duelo colectivo que desnuda las precarias condiciones de salubridad y seguridad en que opera la población rural.

Desde la Gobernación de Nariño y las autoridades municipales se desplegó una comisión de emergencia para brindar apoyo psicosocial a las familias e investigar las responsabilidades asociadas a la explotación del predio. Voceros institucionales en la zona expresaron su profundo pesar por el suceso y señalaron la urgencia de consolidar un acompañamiento real que no solo contemple el rescate, sino alternativas de vida dignas para las comunidades vulnerables. Paralelamente, los líderes comunitarios han exigido la presencia inmediata de ministerios e instituciones nacionales para que la ayuda no se diluya tras las exequias.

Este drama no es un hecho aislado, sino el síntoma de una problemática estructural que atraviesa la cuenca del Pacífico colombiano, donde la falta de formalización minera y la escasez de alternativas productivas empujan a miles de habitantes a ingresar a tajos abiertos sin medidas de protección ni títulos ambientales. Históricamente, el barequeo ha sido una actividad de tradición afrodescendiente heredada por generaciones, pero la mecanización informal y la alteración de los cauces han elevado exponencialmente los riesgos de colapsos geomorfológicos en los yacimientos de la región.

Mientras los cuerpos de socorro concluyen las labores de verificación en la zona del desastre y los siete heridos continúan recibiendo atención médica en centros asistenciales de la provincia, la Fiscalía y la Agencia Nacional de Minería anunciaron la apertura de indagaciones para esclarecer las condiciones del predio. El fatídico episodio reabre con urgencia el debate legislativo y ministerial sobre la reconversión laboral en los territorios étnicos, exigiendo que el Estado no solo intervenga en la contención del desastre, sino que trace de una vez por todas una ruta de formalización y protección integral para las mujeres barejeras de Colombia.