El ocaso judicial de la Uniautónoma: una deuda millonaria que sacude sus cimientos

La Universidad Autónoma del Caribe, epicentro de una crisis institucional que ha permeado la opinión pública durante más de una década, enfrenta ahora un nuevo y devastador revés financiero. Un mandamiento de pago emitido por un juzgado laboral ha sentenciado que la institución debe desembolsar una cifra superior a los 7.500 millones de pesos a favor de su exrectora, Silvia Gette Ponce, una suma que se desprende de diferencias pensionales acumuladas y compensaciones derivadas de sentencias judiciales previas.

El desglose de esta obligación económica responde a un complejo entramado de acreencias laborales que han sido objeto de litigio durante años. Según los documentos judiciales, el monto integra los conceptos reconocidos legalmente tras el fallo de diversas instancias que dirimieron las discrepancias en el cálculo de la mesada pensional de Gette. Este mandamiento ejecutivo obliga a la universidad a responder por un capital que, en el actual contexto de austeridad y recuperación financiera de la institución, supone un golpe directo a su capacidad operativa y de inversión académica.

Para la comunidad universitaria —estudiantes, docentes y personal administrativo—, esta noticia no es solo una cifra en un balance contable; es un recordatorio del lastre que representan los errores del pasado. La incertidumbre sobre cómo afectará este pago a los proyectos de infraestructura, la nómina docente y la calidad del servicio educativo genera una zozobra palpable. En los pasillos de la sede principal en Barranquilla, el sentir es de frustración ante la posibilidad de que los recursos destinados a la formación profesional terminen engrosando el patrimonio de una figura central en los escándalos de corrupción que desangraron a la universidad.

Ante el fallo, las directivas actuales de la Uniautónoma han mantenido una postura de cautela, evaluando las rutas legales para intentar mitigar el impacto de la orden judicial. Fuentes cercanas al claustro señalan que el equipo jurídico se encuentra analizando los recursos de reposición y las excepciones posibles, argumentando que el cumplimiento de esta orden podría comprometer la viabilidad financiera de la institución, la cual ha luchado arduamente por recuperar su acreditación y su prestigio ante el Ministerio de Educación.

Este episodio se inscribe en una cronología de desdichas que ha caracterizado la historia reciente de la educación superior en el Caribe colombiano. La gestión de Gette Ponce, marcada por investigaciones penales y una gestión administrativa cuestionada, dejó cicatrices profundas en la estructura de la universidad. Lo que hoy se ventila en los estrados es, en esencia, el costo de una herencia administrativa que aún no logra ser saldada, recordándole a la región que las instituciones educativas son, a menudo, las víctimas más vulnerables de la desidia y el mal manejo de sus antiguos regentes.

El desenlace de este proceso judicial será determinante para el futuro inmediato de la Autónoma. Mientras se agotan las instancias procesales, el debate sobre la responsabilidad patrimonial de quienes ejercieron cargos directivos frente a las pérdidas de la institución cobra nueva fuerza. La sociedad barranquillera observa con atención, esperando que este nuevo capítulo no signifique un retroceso en los esfuerzos de saneamiento que, con tanto sacrificio, han intentado devolverle a la universidad su lugar como pilar del desarrollo intelectual en el norte del país.