El reclamo por la memoria no se recorta: víctimas LGBTIQ+ plantan cara al ajuste fiscal en la JEP

Bajo un sol inclemente y sosteniendo pancartas que entrelazaban los colores de la diversidad con la exigencia de justicia, decenas de víctimas pertenecientes a la población LGBTIQ+ se concentraron frente a las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La movilización convirtió la calle en un estrado de dignidad ciudadana donde liderazgos llegados desde diversos rincones del país alzaron la voz contra la asfixia presupuestal que amenaza con frenar el esclarecimiento de décadas de persecución sistemática y tortura en el marco del conflicto social y armado.

La protesta, articulada por la organización no gubernamental Colombia Diversa, puso en el centro del debate público el impacto crítico que tienen los ajustes de personal y recursos técnicos sobre el Macrocaso 11. Este expediente, diseñado para juzgar las violaciones basadas en género, violencia sexual y persecución por discriminación, requiere de un robusto cuerpo de analistas de contexto, peritos judiciales y sociólogos para procesar miles de hechos atribuidos a bloques paramilitares, frentes guerrilleros y agentes de la Fuerza Pública.

Para quienes sobrevivieron al terror impartido en los territorios por actores armados que pretendían 'limpiar' socialmente los municipios, el recorte institucional no representa una mera discusión de hacienda pública, sino el riesgo inminente de la impunidad. La reducción en los equipos de investigación frena el acompañamiento psicosocial y dilata las versiones voluntarias de los comparecientes, revictimizando a una población cuya voz tardó más de dos décadas en ser escuchada por la justicia estatal.

«Nos costó años de pedagogía y litigio riguroso lograr que el Estado colombiano reconociera que a nuestras comunidades no las agredieron por azar, sino por ser quienes eran», enfatizó uno de los voceros durante la jornada. La propia magistratura de la JEP ha manifestado su preocupación ante el Ministerio de Hacienda, advirtiendo que las restricciones presupuestarias impuestas comprometen el cumplimiento de los mandatos constitucionales derivados del Acuerdo de Paz de 2016.

Históricamente, en regiones como el Caribe colombiano, los Montes de María y las zonas ribereñas del Magdalena, la violencia por prejuicio operó como un mecanismo de control social represivo ejercido por mandos ilegales que imponían 'patrones de conducta'. El reconocimiento explícito de estas violaciones dentro de la justicia transicional constituyó un hito de vanguardia en el derecho internacional, avance histórico que hoy enfrenta el peligro de paralizarse por falta de músculo financiero.

Frente a este complejo panorama, las organizaciones defensoras de derechos humanos anunciaron que mantendrán la veeduría ciudadana y no descartan elevar peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El desenlace de este debate presupuestal en las instancias gubernamentales y legislativas no solo determinará la celeridad de las sentencias del tribunal de paz, sino el compromiso ético e irrevocable de la Nación con la verdad integral.