La quietud habitual de la madrugada llanera quedó hecha pedazos por el estruendo seco de los explosivos. En el peaje San Pedro, un punto neurálgico para el tránsito que enlaza la despensa agropecuaria y petrolera del Casanare con el resto del país, un carro bomba detonó con una onda expansiva devastadora que revivió de golpe los peores fantasmas del conflicto armado. La acción criminal, ejecutada bajo el amparo de la oscuridad, rompió la aparente calma regional y devolvió al centro del debate nacional la vulnerabilidad de la infraestructura vial frente al terrorismo selectivo.
El artefacto, acondicionado en un automotor cuya procedencia e itinerario son ahora rastreados mediante grabaciones de seguridad periciales, estalló en los primeros minutos de este viernes, cobrándose un saldo de cuatro personas heridas entre trabajadores del peaje y transeúntes. Los heridos fueron evacuados de urgencia a centros asistenciales cercanos con traumatismos acústicos y heridas por esquirlas de vidrio y metal. Entretanto, peritos antiexplosivos de la Policía y el Ejército Nacional acordonaron la zona para determinar la composición química y el tonelaje de la carga homicida, cuyos restos quedaron esparcidos a decenas de metros a la redonda.
El impacto del atentado paralizó temporalmente la arteria vial y desató una oleada de zozobra inmediata entre los transportadores de carga pesada, ganaderos y comunidades circunvecinas, temerosos de transitar por una ruta donde el fuego cruzado parecía un rezago del pasado. La parálisis de los despachos comerciales y el endurecimiento de los controles aduaneros e informales en el corredor no solo erosionan la precaria economía cotidiana de quienes subsisten a orillas de la carretera, sino que encarecen el flete de mercancías en una zona geográfica donde cada hora de bloqueo se traduce en pérdidas millonarias.
Frente a la gravedad de los hechos, el gobernador del departamento, César Ortiz Zorro, repudió con vehemencia la barbarie y anunció de inmediato una recompensa de 50 millones de pesos por información fidedigna que conduzca a la captura de los autores materiales e intelectuales. La hipótesis central de las agencias de inteligencia apunta de manera directa hacia las estructuras guerrilleras que operan en la frontera llanera. «En las últimas semanas, la fuerza pública ha adelantado operaciones importantes en el norte de Casanare con grupos al margen de la ley, especialmente el Eln. Nos vamos a reunir para determinar si es una retaliación», aseveró el mandatario seccional tras convocar a un consejo de seguridad extraordinario.
Este violento episodio no ocurre en el vacío. El Piedemonte y las sabanas del Casanare han sido históricamente un corredor de movilidad estratégica y repliegue para el Frente de Guerra Oriental del Eln, organización que acostumbra responder con acciones de sabotaje indiscriminado y guerra asimétrica cada vez que la presión militar cerca sus anillos de mando en el vecino departamento de Arauca o en los páramos de Boyacá. La arremetida vuelve a dejar en entredicho las intenciones de paz de las facciones insurgentes, que continúan recurriendo a métodos de guerra prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario para medir pulsos con el Estado.
Con el video del atentado en manos de los analistas de la Fiscalía General de la Nación para individualizar a los atacantes, el Ministerio de Defensa ordenó el despliegue de pelotones mecanizados y sobrevuelos tácticos en los tramos más críticos de la red vial casanareña. El desafío inmediato para el Gobierno radica en neutralizar la escalada antes de que las células guerrilleras consoliden su intento de asfixiar la libre movilidad de la Orinoquía, mientras la ciudadanía exige garantías reales para que la violencia de las armas no vuelva a imponer su ley sobre el asfalto.
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